Cara 'b' de las macrogranjas: contaminación de acuíferos y cambio climático

Almendros, La Pueblanueva, Belinchón, Tordesillos, Retamoso de la Jara, Riofrío de Llano, Gamonal, Torrejoncillo del Rey, Montealegre, Los Cerralbos, Pozuelo, Priego, Malpica del Tajo, Cinco Villas, Villanueva de la Jara, Luzón, Lucillos, Alcázar de San Juan, Daimiel, Puertollano… Todos estos pueblos de Castilla La Mancha han vivido en los últimos tiempos la misma amenaza: la instalación de una o varias explotaciones intensivas de más de 2.000 cerdos, conocidas popularmente como ‘macrogranjas’. La mayoría comparten características como la despoblación y el envejecimiento, su emplazamiento en espacios de alto valor ambiental o estar afectados por profundas crisis económicas y de empleo. En todos ellos ha habido una respuesta firme de instituciones y vecinos y se han frenado estos proyectos altamente contaminantes. La cuestión es hasta cuando seguirán resistiendo.

Pero, ¿por qué crece tanto esta industria? Las causas del crecimiento hay que buscarlas en China ya que en nuestro país está estancado el consumo de carne de cerdo, y ello tiene que ver con el imparable crecimiento de la clase media en el gigante asiático, que ya supera los 200 millones de habitantes, a la que hay que abastecer de carne y solo es posible desde este tipo de instalaciones. Así lo confirma Tomás Recio, director de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino (ArgaporCM), asegurando que “es un buen momento para invertir porque está creciendo la exportación”. España es el tercer exportador mundial de carne de cerdo, solo por detrás de Estados Unidos y China, y cuenta con una cabaña porcina que supera los 50 millones de cabezas, 3 millones por encima de la población española, según datos de la Oficina Europea de Estadística.

¿Por qué se eligen pueblos de nuestra región? Lógicamente, para la localización de estas actividades que consumen cantidades ingentes de recursos naturales y son altamente contaminantes se ha apostado por la ‘España vaciada’, y, en esa España, Castilla La Mancha está en el centro de la diana. Por el contrario, en el norte de Europa, las explotaciones porcinas se están reduciendo notablemente como consecuencia de una legislación ambiental cada vez más exigente. Diego Díaz, miembro de la Plataforma Stop Macrogranjas CLM, afirmaba en una entrevista reciente que “Dinamarca y Alemania eran los grandes productores europeos junto con España y que al tiempo que se reducía su cabaña porcina iba aumentando en España, primero en Cataluña y Aragón y ahora en Castilla La Mancha y Andalucía.

Las consecuencias para el medio ambiente no se han hecho esperar. Un informe del Defensor del Pueblo de Cataluña señala que el 40% de las aguas catalanas están contaminadas por nitratos, que proceden en gran parte de los purines de estas instalaciones. A raíz de este informe, Cataluña endureció su legislación y las macrogranjas tomaron dirección Sur. A ello contribuyeron las cuantiosas subvenciones, hasta el 65% de la inversión, concedidas por el gobierno castellanomanchego hasta que, en el año 2017, ante las presiones de colectivos ecologistas y población local, la Consejería de Agricultura limitó las ayudas a aquellas explotaciones que no superaran las 1000 cabezas de ganado.

Pero, volvamos a la contaminación causada por estas instalaciones ganaderas. España tiene abierto un expediente sancionador de la CE por no haber vigilado bien la contaminación por nitratos de los residuos agrícolas y ganaderos, que han afectado ya al 46% de las masas de agua subterráneas. Las causas directas son el uso de fertilizantes industriales y el estiércol-purines de las macrogranjas.

Un informe del Instituto Geológico y Minero afirma que “las prácticas agrarias son el factor principal de alteración de la calidad de las aguas subterráneas y que la contaminación por nitratos es el origen de la existencia de acuíferos afectados”. Por su parte, fuentes del Ministerio de Agricultura estiman el consumo anual de la agroindustria española en un millón de toneladas de fertilizantes a base de nitrógeno y que la producción de estiércol de las granjas ganaderas supera con creces los 80 millones de toneladas. Entre las más contaminantes está la de Hellín (Albacete), perteneciente a CEFUSA (Grupo Fuertes), cuya capacidad alcanza los 150.000 cerdos. Según Greenpeace, que se coló en sus instalaciones, “con sus balsas de purines se podrían llenar 120 piscinas olímpicas y es en sí misma una gran fábrica de cambio climático”.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Transición Ecológica prepara una orden para determinar las aguas subterráneas y superficiales afectadas o en riesgo de ser contaminadas por nitratos de origen agrario. Con ella, se espera que las comunidades autónomas determinen los puntos de riesgo donde se originan los focos de contaminación de las masas de agua y apliquen un plan de actuación para que el sector agrario reduzca el uso de nitratos y el ganadero trate adecuadamente el estiércol.

Los nitratos son un grave problema para los acuíferos porque su excedente se filtra hasta ellos y los contamina. En el caso de las explotaciones intensivas de cerdos o vacas, los fluidos de sus desechos también se filtran hasta las aguas subterráneas. Según fuentes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), “dos terceras partes de estos desechos son líquidos o semipastosos y consideramos que el gran volumen de estiércol líquido, sobre todo el de porcino, generado en zonas de agricultura intensiva está dando problemas importantes de contaminación por nitratos de las aguas subterránea”.

La contaminación afecta a todas las cuencas hidrográficas y es tan grave que 199 de las 478 masas de agua subterráneas están afectadas, y, junto a ellas, otras 199 masas superficiales como arroyos, tramos de ríos o lagunas. En total, son más de mil los puntos donde las mediciones revelan que el acuífero está afectado o en riesgo de estarlo a consecuencia de las filtraciones.

Fuentes oficiales del Ministerio de Transición Ecológica sitúan a la cuenca del Guadiana con los peores datos, con el 75% de sus masas de agua en una situación alarmante. Le siguen las del Duero, Tajo y Guadalquivir con más del 40% de sus masas de agua afectadas. En las cuencas del Ebro y del Júcar, un tercio de sus acuíferos tienen puntos de contaminación por nitratos.

Para cambiar la situación, el Ministerio está elaborando normas que apuestan por abonar en el periodo en que la planta lo absorbe mejor y contar con un plan de abonado con un registro que especifique los compuestos utilizados, el volumen, las fechas y las parcelas. Respecto a las explotaciones ganaderas se apuesta por buenas prácticas en el manejo de los excrementos animales para que no superen los límites permitidos por la UE (España está advertida por superar las emisiones de amoniaco). Para el tratamiento de los nitratos se recomienda impermeabilizar las áreas accesibles a los animales, aplicar pendientes en el terreno que faciliten la evacuación de los efluentes, tener suficiente capacidad de almacenaje y recoger por separado las aguas de lluvia para que no se mezclen y formen corrientes tóxicas que terminan contaminando los acuíferos.

En su variante meramente económica, el negocio de las macrogranjas, que solo beneficia a las grandes integradoras, apunta a convertirse en otra burbuja cuyas víctimas serán los pequeños inversores y la España vaciada. Como en otros sectores, las integradoras buscarán normativas más laxas y precios más competitivos cuando la legislación española sea más exigente, y aquí se quedaran los ganaderos con sus hipotecas y sus animales. Será la puntilla para los pequeños pueblos, que ya ni siquiera podrán ofrecer sus recursos naturales y su patrimonio como atractivos turísticos porque estarán contaminados. Un ejemplo de ello es el municipio albaceteño de Balsa de Ves, donde se instaló una macrogranja de cerdos en 2006 cuyos promotores se comprometieron por escrito a crear 19 puestos de trabajo y nunca superaron los 5. El pueblo ha perdido en este tiempo el 40% de la población y su alcaldesa actual, Natividad Pérez, cree que esta explotación ha hecho un gran daño a su municipio y ha cerrado las puertas al turismo rural.

Castilla La Mancha tiene un enorme potencial en el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y patrimoniales. Algunos ya están amenazados por la presencia de este tipo de instalaciones, otros, como es el caso del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel han ganado la primera batalla. Esperamos que el reciente informe de la ONU sobre la insostenibilidad de nuestro modelo alimentario actual sea otro argumento en la defensa de la vida en el Planeta.

M. Félix de San Andrés