Investidura, desbloqueo / Por Salvador García Llanos

Hablaron primero todas las encuestas, coincidieron muchos portavoces, lo dijo luego el Rey Felipe tras un posado veraniego y los presidentes autonómicos ya emiten mensajes de alarma: sería deseable evitar la repetición de elecciones y tratar de contar con nuevos presupuestos, so pena de complicaciones económico-financieras -y también políticas- de todo tipo. Pero para todo eso hay que empezar por el principio: el candidato Pedro Sánchez debe superar la investidura, hecho que hay que diferenciar de la formación de Gobierno, en todo caso a posteriori.

​A ver si somos capaces de vertebrar -sin pretensiones de fijar posición técnico-jurídica- unas ideas en torno a lo ocurrido en legislaturas anteriores para sopesar las dificultades de sustentar la gobernabilidad en nuestro país donde si siempre -excepto en los casos de mayoría absoluta- existieron complicaciones, ahora se han elevado en grado sumo. Entre negociaciones estériles, recelos e inmovilismos premeditados propensos al bloqueo -¿a quién de verdad le interesa?- es natural el hartazgo y que se haya acentuado la desafección hacia la política.

​La premisa inicial es que los ciudadanos votan, cuando son llamados a las urnas, para que se forme gobierno. Hay un procedimiento establecido, que se tiene que desarrollar y debe ser respetado. Si los ciudadanos son consultados, luego deben hablar quienes han sido elegidos para concertar fórmulas de gobernabilidad, con la aritmética electoral en la mano y con las dotes negociadoras sobre la mesa. El caso es que, por mucho desacuerdo que brote, lo deseable es no volver a nuevas elecciones.

​Para distinguir entre investidura y gobierno, repasemos antecedentes. En la undécima Legislatura, el candidato del partido más votado (PP), Mariano Rajoy, no aceptó y no se sometió a investidura. Sí lo hizo Pedro Sánchez pero no la logró. En la duodécima, con el Gobierno en funciones, Sánchez era secretario general del PSOE y diputado. Surge un conflicto interno en la formación socialista. El Comité Federal, máximo órgano que no controlaba, se mostraba partidario de la abstención. Había una posibilidad clara de conformar un Gobierno alternativo, los números daban. Pero dimite Sánchez: para no votar o abstenerse, es decir, se le negó al propio Sánchez la posibilidad de optar a la investidura.  Rajoy fue investido gracias a las abstenciones del PSOE, una posición de responsabilidad política insuficientemente ponderada. Y llegó la censura que gana Pedro Sánchez. Pero su quehacer ejecutivo posterior se estrella al no ver aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que se ve obligado a convocar nuevos comicios.

​Hasta que afrontamos la XIII Legislatura, la actual. Los socialistas ganan con ciento veintitrés diputados. Pablo Casado y Albert Rivera se mantienen en que no, mientras diputados del PSOE les piden una abstención que se corresponda con aquel ejercicio de responsabilidad. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tensan la cuerda y no alcanzan la entente. Dos votaciones, un intento fracasado. El problema es que ahora, con respeto escrupuloso al procedimiento, no se puede formar un Gobierno alternativo distinto al del candidato más votado. Por eso, como si al bloqueo hubiera que darle una vuelta de tuerca más, desde la oposición se descuelgan con la sugerencia de otro aspirante a la presidencia, un planteamiento inconsecuente.

​Vivir para ver. Y para que los ciudadanos sufran. En conclusión: si el procedimiento no permite la investidura, hay que faciltar que gobierne la candidatura más votada. Investir para desbloquear. Y si eso se acepta como práctica parlamentaria, no hacen falta reformas.