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Pagamos un alto precio por la violencia de género. Así se deriva de la estimación del coste económico para 2016, que arroja un resultado, en su versión más conservadora, de 1 281 millones de euros al año, lo que supone el 0,11 % del PIB anual o, lo que es lo mismo, 27,6 euros por habitante y año.
El estudio “El impacto de la violencia de género en España: una valoración de sus costes en 2016” promovido por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, en el que hemos participado un equipo multidisciplinar de profesores de la Universidad de Alcalá, pone al descubierto el elevado coste económico que tiene este fenómeno para la sociedad española en su conjunto.
Un estudio desde esta perspectiva económica ayuda a poner de manifiesto la gravedad del problema y a comprender que trasciende el ámbito de lo privado para convertirse en un problema de todos. Aunque la económica no es la perspectiva más importante, ayuda a complementar el conocimiento de las múltiples caras que presenta esta lacra social y sirve para sensibilizar socialmente y enfocar las políticas públicas y privadas para poner soluciones.
La violencia de género, es decir, la ejercida contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, según la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no termina en el drama que supone la pérdida de vidas de las mujeres víctimas (49 durante 2016, año del estudio, y 51 en lo que va de 2019).
Este dato es solo la punta del iceberg, siendo la parte más amplia del problema, aunque generalmente mucho menos visible, el más de medio millón de mujeres que a lo largo de un año han soportado violencia física y/o sexual por parte de sus parejas o exparejas, o el más de millón y medio que ha sufrido situaciones de violencia psicológica de control o emocional (según se deriva de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, principal fuente de información utilizada en el Estudio).
Si atendemos a las mujeres que sufren a lo largo de un año cualquier tipo de violencia de género, física, sexual, psicológica o económica, la cifra se eleva por encima de los 2,5 millones.
Además de las 1 027 víctimas mortales, contabilizadas desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, dicha situación genera múltiples impactos en diversos frentes.
Al dolor y sufrimiento hay que sumarles los efectos que repercuten en todas las facetas de la vida de las mujeres víctimas, y también sobre las personas y agentes públicos y privados de su entorno, ocasionando importantes costes en forma de desembolsos por el uso de bienes y servicios (costes directos) o de renuncias (costes de oportunidad o indirectos).
En otras palabras, se generan pérdidas que pueden ser objeto de cuantificación.
Las pérdidas económicas ocasionadas pueden estimarse a partir de cuatro grandes ámbitos o itinerarios:
El laboral o productivo: los que se producen por las dificultades que encuentran las víctimas para trabajar, de forma remunerada o no, o para hacerlo en condiciones de normalidad, o para formarse.
El de asistencia sanitaria: por la necesidad de ser atendidas en centros de salud o ingresadas en hospitales, derivadas a servicios de atención psicológica, seguir tratamientos o tomar medicamentos.
El legal: por el uso de servicios policiales, judiciales y penitenciarios.
Otros: entre ellos los que pueden derivarse de la necesidad de las mudanzas, traslados y alojamientos alternativos y los que se derivan de los servicios ofrecidos a las víctimas por parte del tercer sector.
Aunque se han realizado varias estimaciones sobre el estudio, en la más conservadora las mayores pérdidas las ocasionan los impactos de tipo legal (39 %) y de tipo laboral o productivo (28 %), seguidos de cerca de los impactos en el ámbito sanitario (20 %).
Los distintos costes recaen anualmente sobre las víctimas, las administraciones públicas, los empleadores, los familiares y amigos, las asociaciones del tercer sector o la sociedad en general.
En el estudio se estima que las arcas públicas son las que soportan el mayor coste (unos 975 millones de euros en la estimación más conservadora), seguido del que asume la propia víctima (unos 211 millones de euros) y, en tercer lugar, el que corre a cuenta de los empleadores (unos 78 millones de euros).
Debemos ser conscientes de que todos estos costes no los generan las víctimas, sino la existencia de agresores. Esto, a su vez, no puede considerarse solo como un problema de comportamiento individual, sino social.
Un número tan elevado de mujeres víctimas revela un número similarmente elevado de hombres que agreden. Si existen en España varios cientos de miles de agresores, ¿no es acaso un fracaso del conjunto de la sociedad? Es obligado tener esto en cuenta si se quiere, de verdad, resolver el problema.
Es necesario seguir mejorando en las fuentes y los procedimientos utilizados para ofrecer estimaciones más precisas y ajustadas, dado que esta investigación, la primera que aborda el análisis de los impactos y costes de la violencia de género al caso español, es solo un punto de partida para futuros estudios.
Este artículo ha sido escrito con la colaboración de María Castellano Arroyo, catedrática jubilada de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Alcalá de Henares.
Elena Mañas Alcón, Doctora en Economía. Profesora Titular de Economía Aplicada. Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa e Investigadora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá; Carmen Figueroa Navarro, Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Alcalá; Luis Felipe Rivera Galicia, Profesor Titular de Universidad. Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Universidad de Alcalá; María Teresa Gallo Rivera, Profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, Universidad de Alcalá y Oscar Montes Pineda, Profesor, Economía Aplicada, Economía de la Educación, Universidad de Alcalá
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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