España, Francia y Portugal apuestan por una PAC que preste "al menos" el mismo apoyo a los agricultores

España, Francia y Portugal han suscrito una declaración conjunta en la que han defendido una Política Agraria Común (PAC) que preste "al menos" el mismo apoyo a los agricultores que a día de hoy, frente a la última propuesta de negociar el presupuesto común para los próximos siete años que plantea un recorte del 14% con respecto a la aportación de los Veintisiete en el ejercicio actual y del 12% en los fondos de Cohesión.

Así lo han destacado los tres países en una declaración conjunta tras la cumbre trilateral de este martes en Madrid que el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, mantuvo con sus homólogas francesa, Amélie de Montchalin, y portuguesa, Ana Paula Zacarias, con el objetivo de preparar las próximas citas europeas, empezando por el Consejo Extraordinario de la UE que comenzará este jueves para abordar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés).

En la cita de este jueves, la Política Agrícola Común (PAC) estará en el centro del debate de cara a fijar el presupuesto de la UE y se prevén unas negociaciones muy duras por las diferencias entre países como España o Francia, que se benefician en gran medida de los fondos regionales y agrícolas, y otros como Alemania o Países Bajos, más partidarios de aplicar recortes a estos fondos.

En este sentido, han recordado la importancia de la política de cohesión, "que debe estar dotada de los medios que le permitan continuar a asegurar la convergencia en Europa", y de la Política Agrícola Común, "que debe prestar al menos el mismo apoyo a los agricultores que a día de hoy".

Durante las negociaciones, defenderán también las características especiales de las regiones ultraperiféricas en las futuras políticas de cohesión, agrícola, de pesca y de asuntos marítimos, incluso en cuanto a intensidad de financiación.

Los tres países desean alcanzar un acuerdo con el fin de garantizar la correcta ejecución de los programas al principio del marco financiero y han recalcado que el presupuesto de la UE "debe ser un instrumento político" para alcanzar sus "objetivos estratégicos y contribuir a la soberanía y la solidaridad europeas".

Así, sostienen que el acuerdo sobre el presupuesto para los próximos siete años "deberá garantizar un equilibrio sobre las políticas históricas en su conjunto" y deberá contribuir a la transición ecológica, "dedicando una parte más ambiciosa de los gastos a la acción climática e incluyendo un objetivo dedicado a la protección del clima y de la biodiversidad", y una sólida dimensión social, "a fin de facilitar el desarrollo del pilar europeo de derechos sociales".

Entre los instrumentos que deben preverse, los tres países desean "una nueva condición horizontal favorecedora" y abogan también por la puesta en funcionamiento "de un mecanismo de protección del presupuesto ante las carencias generalizadas del Estado de Derecho".

En este marco, trasladan su apoyo al objetivo de neutralidad en emisiones de carbono en 2050 y al Pacto verde europeo propuesto por la Comisión. "La transición hacia una Europa verde tiene que ser, ciertamente, una transición justa, que no deje a nadie de lado, y que tenga en cuenta los esfuerzos que ya han realizado los Estados comprometidos en la transición ecológica. Tendremos que ser coherentes", defienden.

En la misma línea, hacen un llamamiento a la UE para garantizar el respeto de las normas impuestas por sus socios externos, en particular a través de la inclusión del respeto del acuerdo de París en los acuerdos comerciales y continuando los trabajos preparatorios sobre un mecanismo de inclusión del carbono en frontera compatibles con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con el mismo objetivo, reafirman el papel estratégico de las interconexiones para mejorar el funcionamiento de "un mercado interior de energía seguro, en libre competencia y libre de emisiones de carbono de conformidad con los objetivos europeos en materia de interconexiones, y en conexión con el Pacto Verde europeo y las nuevas opciones innovadoras" y apuestan por tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y más eficientes para mejorar la aceptabilidad local de las infraestructuras y cumplir los criterios coste-beneficio.

NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Igualmente, en la declaración conjunta apuestan por un presupuesto europeo "que se abra a nuevas fuentes de financiación, en particular sobre la base de las propuestas de la Comisión" y que prevea la posibilidad de nuevas fuentes en el futuro. "Las compensaciones deberán suprimirse inmediatamente", apostillan.

De cara al 'Brexit', los tres países abogan porque la futura relación entre la UE y el Reino Unido se inscriba en el marco de "unas relaciones amplias y ambiciosas" que reflejen la vecindad y valores compartidos, "que se fundamente en un equilibrio entre derechos y obligaciones", y garantice "una competencia justa, respetando la autonomía de decisión de la UE".

Con este objetivo, adelantan que prestarán "especial atención a los desafíos del alineamiento normativa y la instauración de una gobernanza robusta". "Asimismo, nuestros tres países velarán especialmente por que el futuro acuerdo preserve el acceso a las aguas británicas y a los recursos pesqueros para los pescadores de la Unión, preservando también la actividad de la flota de la Unión. Debemos preservar la unidad de los 27 durante la negociación. Expresamos nuestro total apoyo al negociador principal de la Unión Europea", han añadido.

En una apuesta por la participación de la sociedad civil, los tres países se comprometen igualmente a fomentar "un debate abierto e inclusivo con los ciudadanos, también sobre la base de los resultados de las consultas ciudadanas de 2018, con el fin de abordar sus preocupaciones concretas". "La organización de este debate debe definirse de manera rigurosa y transparente, respetando los principios de equilibrio institucional y subsidiariedad", han explicado, al tiempo que han destacado que la Conferencia "debe dar prioridad a los asuntos que afectan a los ciudadanos europeos y suscitan su interés".

Formulan igualmente una apuesta por la unión europea y monetaria y, en este sentido, trasladan su apoyo a un presupuesto de la zona euro "dotado de los recursos necesarios y de una gobernanza adaptada para promover la competitividad y la convergencia en la zona euro". "Tenemos también especial interés en trabajar en la creación de un instrumento de estabilización, que proteja a los ciudadanos europeos contra las crisis, y mejore la capacidad de absorción de choques de la zona euro", añaden.

En este sentido, mencionan la necesidad de investigar las posibilidades que podría ofrecer un fondo europeo de desempleo y de dar un impulso a la puesta en marcha de la primera fase de liquidez del sistema europeo de garantía de depósitos en el marco de los esfuerzos para culminar la Unión Bancaria.

"Estamos convencidos de que sólo una Unión Europea fuerte que garantice la libertad y la seguridad podrá hacer frente a los desafíos en el futuro", enfatizan.

En cuanto a la libre circulación, trasladan su compromiso de velar por que el nuevo pacto sobre migraciones y asilo que presentará próximamente la Comisión "permita dar una respuesta común, global y eficaz a los desafíos migratorios, sobre la base de una aplicación efectiva del principio de solidaridad y de un reparto equitativo de las responsabilidades entre Estados miembros".

Destacan, finalmente, la importancia estratégica de las relaciones de los países del sur y, por tanto, la necesidad de que la UE preste mayor atención al diálogo con la orilla sur del Mediterráneo.

"Estamos dispuestos a trabajar con todos los Estados miembros que comparten nuestras prioridades para construir mayorías en torno a temas comunes y hacer avanzar concretamente la agenda europea", subrayan los tres países.