El alcalde de Puebla de Don Rodrigo a un paso de la inhabilitación por prevaricación en las obras del tanatorio

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar este martes, 25 de febrero, y el miércoles, día 26, al alcalde de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de construcción del tanatorio municipal. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación, según el escrito de acusación.

El escrito concluye que el acusado, "a sabiendas sin adecuarse al procedimiento legal para ello", contrató, adjudicó y ejecutó las obras del tanatorio de la Puebla de Don Rodrigo directamente en régimen de Administración y utilizando la forma de contrato menor, por lo que no fueron objeto de licitación pública, y que superaba con creces los límites legales previstos para dicha forma de contratación, haciendo caso omiso a los informes realizados por la Secretaría del Ayuntamiento.

A su vez, alega el escrito, también se procedió a la contratación de trabajadores para las obras del citado tanatorio "de forma directa y arbitraria y totalmente irregular, pese a conocer esta circunstancia".

Explica el escrito que los hechos se sitúan en 2014, cuando el Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo planteó la necesidad de construir un tanatorio municipal, elaborándose un proyecto básico para su construcción por el arquitecto municipal, siendo el presupuesto inicial de 90.650 euros, resolviendo el acusado mediante Decreto de fecha 7 de agosto de 2014 la ejecución de la obra por el procedimiento de administración por considerarlo el procedimiento adecuado para ello.

Se refleja cómo durante 2014 y 2015, la Secretaría municipal emitió varios informes advirtiendo sobre varios aspectos del procedimiento que consideraba que no se estaban haciendo bien. Así, en estos documentos se advierte sobre la necesidad de llevar la aprobación del proyecto a pleno o de que la adjudicación se debería de hacer mediante licitación debido a la cuantía del presupuesto --en un principio cercano al 10 por ciento del presupuesto municipal y posteriormente algo superior--.

Además, el escrito recoge la existencia de otros informes en los que se alerta sobre la contratación ilegal de tres trabajadores, dos de los cuales se emplearon en las obras del tanatorio, "pese a conocer el Ayuntamiento la ilicitud de su contratación". Finalmente, otro informe advertía del hecho de que algunos contratos menores superaran el año de duración, lo que determinaba la necesidad de recurrir al procedimiento negociado para la tramitación de la citada obra, "haciendo nuevamente caso omiso a los citados informes por parte del acusado".

Finalmente, el Ministerio Fiscal señala que en la relación definitiva de gastos de las obras del tanatorio municipal presentada por el Ayuntamiento, dichos gastos ascendieron a 309.861,46 euros, así como que se abonaron las cantidades de 34.765,66 euros, 95.025,17 euros y 34.065,99 euros a varios proveedores por suministro de materiales, además de 39.936,39 euros por los gastos originados por los trabajadores contratados ilegalmente.

Unos hechos que se juzgarán tras el proceso que se inició en 2017 cuando la Fiscalía de Ciudad Real inició diligencias previas en base a la información sobre el proyecto facilitada por el partido 'X Puebla'. En esos momentos el alcalde admitió un posible fallo administrativo, pero rechazó que hubiera irregularidades en la construcción del tanatorio.