El difícil equilibrio entre mantener los fondos de cohesión y la PAC

España llegó a la última cumbre europea dispuesta a sacrificar parte de los fondos regionales que recibe de Bruselas en aras de mantener a toda costa el mismo nivel de subsidios agrícolas, según publica hoy El País. 

La consigna de Pedro Sánchez ha sido la de mantener las ayudas a los agricultores, aunque para ello haya que sacrificar una parte de la cohesión territorial y así lo ha puesto de manifiesto en la cumbre extraordinaria encargada de negociar el marco presupuestario de la UE 2021-2027. Según la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, “El campo es la prioridad”. Con el campo en plena tensión, el Gobierno da máxima prioridad a la defensa de la Política Agraria Común (PAC) en una negociación que parece condenada a recortar el presupuesto de la UE.

España defiende el mantenimiento de la PAC al nivel del presupuesto 2014-2020, pero se limita a “proteger” la financiación de la política de cohesión, según las fuentes consultadas por este diario. De esta forma, se marca como objetivo el blindaje de la PAC en el nivel actual (382.500 millones de euros), mientras que se limita a buscar una “protección” de los fondos estructurales para la cohesión (367.700 millones en la actualidad). Ello puede provocar tensiones con las autonomías. 

La Moncloa negó anoche que vaya a renunciar a fondos de cohesión para proteger las ayudas agrarias. Pero tanto Exteriores como Sánchez han enfatizado durante los últimos días la importancia de mantener estable el dinero recibido a cuentas de estas ayudas.

A diferencia de los presupuestos anteriores, España hace números bajo la amenaza casi inevitable de convertirse por primera vez en contribuyente neto de la UE. El objetivo del Gobierno es maximizar una política como la agrícola, que no está vinculada a la renta nacional de cada país, aun a costa de perder cohesión. España es partidaria de vincular los fondos estructurales a la estricta observación de las reglas del Estado de derecho, frente a los excesos de algunos países del Este.

En el caso de España ese umbral pone en peligro 10.000 millones de los 40.000 asignados entre 2014-2020. Esa pérdida coincide con un deterioro del PIB per cápita de la mayoría de las comunidades en relación con la media de la UE. La media española ha pasado del 94% en 2013 al 92% en 2017. Hace siete años, solo Andalucía, Extremadura y Melilla estaban por debajo del 75% de la media. Ahora también están Castilla-La Mancha y Ceuta, con Canarias y Murcia a punto de caer por debajo del umbral de regiones que necesitan ayudas para la convergencia económica. Esa batalla política tendrá enormes consecuencias sobre varias regiones en los próximos tiempos.

Así las cosas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este lunes a las 12.00 horas la reunión de la Comisión Interministerial de Agricultura en el Complejo de La Moncloa.

El jefe del Ejecutivo se reunirá con la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

A la comisión interministerial también acudirán la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La vicepresidenta Carmen Calvo confirmó el pasado jueves que el Consejo de Ministros del martes 25 aprobará un real decreto ley que transforma la Ley de la cadena alimentaria y que permitirá a los agricultores "tomar decisiones donde les hace falta". Así, avanzó que habrá una decisión "muy interesante" que será del Ministerio de Hacienda.

En este mismo sentido se ha pronunciado este domingo la ministra de Trabajo a ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha adelantado que tras el Consejo de Ministros se conocerán "medidas transversales" que "tienen que ver con la política de precios, venta a pérdidas, con la cadena alimentaria, con peonadas, con una reforma de inspección de trabajo o medidas que tienen que ver con la seguridad social...", ha avanzado en una entrevista en La Sexta.