El 'G-9 universitario', preocupado por la producción científica y los aumentos salariales del Estatuto del Personal Investigador

La Universidad de Castilla La Mancha ha señalado que a la reunión de la Comisión Sectorial de Investigación han asistido los vicerrectores, Unidades de Gestión de la Investigación, Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación; Genueve Ediciones; Cultura Científica; Bibliotecas; Proyectos Europeos; Doctorado y Servicios de Apoyo a la Investigación.

Los miembros de la sectorial han abordado la producción científica para destacar que tanto el informe de la Universidad Española en Cifras, como el ranking de Shanghai, refrendan la resistencia de la producción científica de las universidades españolas y, particularmente, las del G-9 de Universidades, en el contexto internacional, "a pesar de los recortes presupuestarios en los programas de investigación". Sin embargo, esta calidad "no podrá mantenerse durante mucho tiempo si no se alcanzan los niveles de inversión en I+D+i de la media europea".

Otro de los asuntos tratados ha sido el sexenio de transferencia, punto en el que han destacado que la evaluación del plan piloto del sexenio de transferencia no se ha completado, introduciendo "incertidumbres sobre la aplicación de sus efectos en las universidades, en especial, los efectos económicos y académicos ligados al mismo". El G-9 confía en que el proceso de evaluación se complete en un tiempo razonable, y espera que se elabore una guía para la próxima convocatoria "suficientemente clara, que facilite la concurrencia".

Sobre el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), el G-9 ha destacado que las universidades siguen "sufriendo" las consecuencias presupuestarias de los aumentos salariales que introduce, y que "una parte importante del incremento salarial sigue recayendo, todavía, sobre los presupuestos de las universidades públicas", por lo que han solicitado "que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 la partida necesaria para su aplicación".

ATRACCIÓN DE TALENTO

En cuanto a la financiación de los programas de atracción de talento, el grupo ha reivindicado que los programas estatales de atracción de talento se sufraguen íntegramente por parte del organismo convocante (incluidas las bajas por ILT, maternidad, paternidad, y otros costes laborales) ya que la actual exigencia de cofinanciación "está derivando en un mayor esfuerzo por parte de las universidades, concentrando la mayor parte de sus presupuestos para investigación en esta cofinanciación".

También ha mostrado el G-9 su preocupación por la deducibilidad del IVA para investigación, de tal manera que "frente al cambio de doctrina de la administración tributaria", ha reclado que se mantenga la deducción del IVA para los gastos de investigación que incluya las adquisiciones de recursos bibliográficos electrónicos.

Asimismo, ha destacado que en materia de recursos bibliográficos y acceso a la información científica es "imprescindible" contar con un recurso nacional de información científica, que incluya WoS, Scopus, IEEE, y otros recursos de información comunes a todas las universidades y OPIs.

"Esto debe acompasarse con medidas incentivadoras de la publicación en abierto", ha señalado el G-9 de Universidades, que estima que el trabajo de la Comisión Sectorial de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun) es "necesario".

De otra parte, el grupo ha reiterado su "inquietud" por la justificación económica de los proyectos competitivos nacionales, que ha evolucionado hacia una complejidad creciente, con criterios cambiantes y de carácter retroactivo, y conducen a descertificaciones que suelen implicar cuantiosos intereses de demora, lo cual está suponiendo una auténtica sangría para los presupuestos de las universidades.

En su opinión, "un caso especialmente preocupante es la exigencia de justificación de los costes indirectos en los proyectos de investigación del Plan Nacional", frente a lo cual "una posible solución" sería utilizar sistemas similares a los fondos que provienen de la Unión Europea, estandarizando los procedimientos de forma que sea más sencilla la justificación y se utilicen los mismos procedimientos en todos los casos, así como eliminar los intereses de demora.

Será necesario, en cualquier caso, impulsar la aprobación de una legislación específica diferenciada de la actual Ley de Subvenciones para las convocatorias que financian actividades y proyectos de investigación. Esta legislación debería contemplar la utilización de sistemas de justificación sencillos que permitan comprobar la correcta utilización de fondos y, además, simplifiquen la actual burocracia que se está exigiendo en las justificaciones actuales.

FORO UNIVERSIDAD 2030

Por otro lado, las universidades del G-9, integrantes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), con el fin de aportar una base sólida para la elaboración de una nueva ley de universidades, llevan un tiempo colaborando, junto con el resto de universidades españolas, en un completo análisis sobre el futuro de la universidad y el resultado de este estudio, Foro Universidad 2030, se debatirá en la comunidad universitaria, próximamente, con motivo del XXV aniversario de CRUE.

La cita del G-9 ha contado con la asistencia del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, quien ha expuesto las líneas generales del Ministerio de Universidades y ha destacado la armonía y buena coordinación entre el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Ciencia e Innovación, circunstancia que puede favorecer el desarrollo de un nuevo marco normativo para el desempeño de la función universitaria, docente, investigadora y de transferencia.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios.