El Gobierno prevé volver a aprobar la reforma educativa

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este próximo martes el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. Esta reforma, elaborada por el Ministerio de Isabel Celaá, ya fue aprobada hace un año, el 15 de febrero de 2019, el mismo día que se produjo el adelanto electoral, lo que truncó su tramitación parlamentaria.

La LOMLOE pretende derogar la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular con el rechazo de toda la oposición. La 'Ley Wert', como también es conocida la LOMCE, está cuestionada desde entonces por buena parte de la comunidad educativa. Su derogación ha sido una reiterada promesa del PSOE, y también uno de los puntos del acuerdo de gobierno de coalición firmado por los socialistas y Unidas Podemos.

La semana pasada, Celaá aseguró en la Comisión de Educación del Congreso que su reforma educativa sería "la primera ley del Gobierno en esta legislatura". El texto que irá el martes al Consejo de Ministros será idéntico al aprobado el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez antes de disolver las Cortes.

De este modo, la reforma evita repetir las consultas previas a los representantes de la comunidad educativa o las comunidades autónomas ya realizadas hace más de un año. Una vez que el proyecto legislativo entre en el Congreso, tendrá que pasar por la Comisión de Educación, donde la presentación de enmiendas pueden prolongar durante meses su debate.

En las últimas semanas, la ministra de Educación, liberada en este nuevo Ejecutivo de la Portavocía del Gobierno, ha apretado su agenda para recibir a los responsables educativos de casi todas las comunidades autónomas, también a sindicatos docentes, patronales de la educación concertada o asociaciones de padres y madres, para detallarles el contenido de su reforma educativa, también bautizada como 'Ley Celaá'.

Tras asumir la cartera en junio de 2018, Celaá señaló como una cuestión "urgente" acabar con los aspectos más "lesivos" de la LOMCE. La reforma educativa de la ministra Celaá pasó de ser una modificación puntual de la 'Ley Wert', como anunció durante sus primeros meses al frente de Educación, a una derogación completa que retrocede hasta la socialista Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 con una renovación de su articulado.

Este pasado martes, Celaá subrayaba en una intervención en el Senado que el "primer objetivo" de su reforma educativa es "aumentar la competencia cognitiva, y por ende la empleabilidad" del alumnado. "Para hacerlo, debemos derogar la LOMCE por el significativo retroceso que trajo al sistema educativo español", apostilló.

MEDIDAS DE LA 'LEY CELAÁ'

La reforma educativa que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobará este próximo martes elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de los dos cursos de Bachillerato, y suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno.

También incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en el primer borrador se contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular".

"A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", se leía en el documento.

La 'Ley Celaá' recoge además la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa. En alguna ocasión, Celaá ha dicho que considera la medida "un gran favor" a los alumnos, que se inspira en la aprobación por "compensación" que ya existe en la universidad.

La reforma también elimina la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, desapareciendo así este "eufemismo", en palabras de Celaá, introducido por el Partido Popular para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada", según la ministra.