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El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que insiste en solicitar su libertad provisional en lo que dure la pandemia de coronavirus por los riesgos para su salud que esto implica y en el que garantiza que cumpliría las medidas cautelares que se le aplicaran porque es "hombre de honor".
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Villarejo sostiene que los riesgos de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva "han disminuido" como consecuencia de la declaración del estado de alarma y "pueden ser conjurados o limitados mediante un régimen estricto de reclusión domiciliaria".
El expolicía considera que sería "suficiente" con retirarle el pasaporte y prohibirle salir de territorio nacional como medidas cautelares, ya que es "hombre de honor que siempre ha hecho frente a sus compromisos y obligaciones como servidor público con muy relevantes servicios a España", pero propone que se le impongan además controles telemáticos si así lo valora el tribunal.
De esta manera lo expone el abogado de Villarejo en su recurso de apelación presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del juez instructor Manuel García Castellón que le denegó la libertad provisional hace diez días al considerar que no quedan acreditados los riesgos para su salud que alegaba como consecuencia de la pandemia, al tiempo que destacaba que prevalece el riesgo de fuga a pesar del Covid-19.
HECATOMBE UNIVERSAL
Según el comisario jubilado, que lleva en prisión preventiva casi dos años y medio, el magistrado contestó a su primer escrito con "total desprecio", y recuerda que "la persona que primeramente ha de velar por la vida, la dignidad, la integridad personal y moral y la salud de un preso preventivo es el instructor que lo mantiene privado de libertad".
En su opinión, "produce escarnio que ante una hecatombe universal que amenaza la vida y la salud de todos los habitantes de este planeta se pueda poner por escrito que prevalece el interés del Estado de asegurar la presencia de una persona ante un tribunal y los fines de un proceso sobre su salud y su vida".
En este recurso, el abogado de Villarejo insiste en que su cliente tiene casi 69 años y presenta un "cuadro pluripatológico con hipertensión arterial crónica resistente al tratamiento con continuas crisis hipertensivas, dislipemia, insuficiencia aórtica y mitral, arritmias cardiacas, asma bronquial, deterioro funcional progresivo, vulnerabilidad espinal residual a cirugía artrodésica lumbar, hiperplasia de próstata, hiperuricemia, alergias y problemas dermatológicos y estrés carcelario".
Esto le sitúa, añade, dentro del "grupo de mayor riesgo de contagio y de sufrir efectos más perjudiciales para su salud en caso de ser contagiado". "Especialmente en este momento, la permanencia en el medio penitenciario, por su carácter cerrado y sus singulares características, resulta un riesgo objetivo de contraer una enfermedad grave,*contagiosa comunitaria con una alta tasa de mortalidad, por lo que la permanencia en prisión debe limitarse a los casos en los que no exista ninguna otra alternativa posible", explica la defensa.
ES FÁCIL HABLAR DESDE CASA
De este modo, reprocha que el instructor contestara a su primer escrito señalando que "no tiene ningún riesgo por permanecer en prisión". "Desde luego, es fácil hacer esa afirmación desde la seguridad de nuestros hogares los que podemos cuidarnos de esta terrible enfermedad tras los muros de nuestra casa en la compañía de nuestras familias", dice el letrado.
Además, califica de "inquisitorio" el argumento utilizado por García Castellón acerca de que el investigado no dice estar infectado por coronavirus, y afirma que muchos españoles tampoco pueden asegurarlo, quizá ni siquiera el propio juez, "salvo que sea uno de los privilegiados a los que se les ha podido hacer un test diagnóstico". "Desde luego no es difícil imaginar que si no hay test diagnósticos para médicos, policías y guardias civiles, funcionarios de prisiones, etc, menos hay para los internos en centros penitenciarios", apunta.
Villarejo se dirige a la Sala de lo Penal subrayando que "el interés del Estado de asegurar un proceso penal en fase de instrucción o de perseguir eficazmente el delito nunca puede anteponerse a los Derechos Humanos", a la "dignidad personal, la integridad física y moral y la protección de la salud".
Por ello, además de citar jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la defensa del comisario jubilado recuerda en su escrito que la ONU se pronunció recientemente pidiendo protección para la población carcelaria en esta pandemia con el objetivo de evitar contagios masivos en estos centros. En este sentido, instaba a reducir la población reclusa y excarcelar a los más vulnerables, esto es, a los mayores y los menos peligrosos con patologías previas.
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