El Defensor investiga de oficio las actuaciones de las CCAA en la residencias de mayores ante la pandemia

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio con todas las consejerías autonómicas con competencias en la gestión de residencias de mayores y les ha pedido información sobre cuestiones como las medidas adoptadas para dotar o reforzar la atención sanitaria en centros residenciales públicos o privados; los protocolos seguidos en la derivación de residentes a centros hospitalarios; o la habilitación de centros y establecimientos públicos o privados para la atención monográfica por COVID-19.

Además, considera que, ante la pandemia del coronavirus, la "dramática" situación que se vive en muchos centros de mayores "refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción y exige una revisión profunda del sistema".

Así lo ha puesto de manifiesto la institución, que ha recordado que lleva años alertando de "las carencias de medios y personal" en muchos de los centros residenciales para personas mayores de toda España. "Problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis", ha subrayado.

En su opinión, el sistema residencial en España ofrece "una atención sanitaria a sus residentes de carácter general que no debe impedir que, en caso de que se detecten problemas o se necesite una atención más especializada, sean derivados al sistema público de salud que proceda".

En este sentido, cree que otro modelo de residencias de mayores, "más propiamente sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa, sería posible", pero ha indicado que "en España no está regulado ni ha sido así organizado de forma general para todo el sistema".

Además, defiende que los familiares de los usuarios tienen derecho a obtener información completa y actualizada sobre su estado de salud, y hace hincapié en la necesidad de utilizar herramientas prácticas y tecnológicas que permitan a los usuarios comunicarse con sus seres queridos.

QUEJA DE PLENA INCLUSIÓN

Por otra parte, tras recibir una queja de la asociación Plena Inclusión en la que denunciaban el acoso que sufren algunas personas con discapacidad intelectual cuando salen a dar paseos terapéuticos, paseos que sí permite el decreto por el que se regula el estado de alarma, el Defensor inició otra actuación ante la Secretaría de Estado de Seguridad.

En su escrito, Fernández Marugán ha propuesto a la citada administración que, "dado que desde el punto de vista normativo no existe impedimento a estos movimientos, realice una campaña de divulgación y difusión sobre la existencia de estas excepciones para que las personas con discapacidad no sean víctimas de acoso o agresiones".

Finalmente, pide que se sancione "a quienes con su conducta incívica vulneren el derecho de estas personas a ejercer su libertad de circulación y sus salidas terapéuticas mientras dure el confinamiento decretado en el estado de alarma.

OTRAS ACTUACIONES

El Defensor del Pueblo ha informado este viernes de que ha recibido quejas de ciudadanos sobre una posible priorización de pacientes en esta crisis sanitaria, que "muestran una lógica preocupación por la atención sanitaria que reciben sus allegados, especialmente cuando se trata de personas mayores o con discapacidad".

En este sentido, coincide con la posición del Comité de Bioética de España, que en un reciente informe ha recordado que la priorización es algo inherente a cualquier sistema de salud público y de cobertura universal, y no algo exclusivo de la situación de crisis actual, aunque en ella los dilemas éticos cobran una especial intensidad. El informe del Comité señala también la necesidad de singularizar las decisiones de esta naturaleza aplicadas a cada paciente.

Entre otras acciones, la institución también ha formulado recomendaciones para aclarar cuestiones relativas a la libertad de circulación en el estado de alarma e insta a las entidades locales a eliminar cualquier bando o comunicado en el que se recojan mayores restricciones a las ya contempladas en el Real Decreto para garantizar la igualdad de trato a la ciudadanía en todo el territorio nacional.

El Defensor también ha solicitado al Ministerio del Interior información sobre los expedientes sancionadores incoados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil; las sanciones impuestas por agentes de ambos cuerpos y las instrucciones dictadas para unificar criterios sobre el tratamiento de expedientes sancionadores, para determinar "si se ha actuado de manera correcta y proporcional".

El Defensor ha realizado actuaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad para interesarse por los problemas que tienen las personas celiacas para adquirir productos aptos para ellos.

Finalmente, la institución, que también actúa como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha continuado realizando un seguimiento de la situación en la que se encuentran los centros de privación de libertad.