Ocurre con los jueces o magistrados y con los fiscales: sin una independencia seria y garantizada de éstos, se ven abocados a actuar dentro del contexto social (socioeconómico), político, cultural, incluso ideológico en el que se encuentran.

Un determinado acto (u omisión), en cualquier democracia occidental, puede suponer una infracción de la legalidad que los jueces, para su castigo o corrección, aprecian libremente tras el correspondiente proceso, al igual que el hecho de que puedan concurrir circunstancias anormales o excepcionales.

Las Constituciones proclaman, en general, las libertades públicas y derechos fundamentales y una separación de poderes. El poder judicial actúa conforme al principio de legalidad y aún con cierta discrecionalidad y basándose si es menester en normas inconstitucionales surgidas por el clamor popular o para dar respuesta a una puntual alarma social: "sic lex, sic iudex".

Se dan casos, motivados por una acusada concienciación colectiva ante lo que se considera una responsabilidad del Estado, que provocan un crecimiento exponencial de las denuncias, demandas o reclamaciones presentadas y lo prioritario, al influir otros factores no jurisdiccionales, es resolver lo más brevemente posible ese número de expedientes judiciales o administrativos antes de que se produzca un colapso. Y, por el contrario, miles de reclamaciones tienen que ser resueltas por tres jueces (Banca).

El problema surge cuando el procedimiento legalmente establecido para resolver se ve recortado en sus trámites o garantías con el fin de acabar cuanto antes esos expedientes.

Y, claro, se dan casos muy sonados. Por ejemplo: si un órgano administrativo o judicial obliga, en algunos procedimientos, a trasladar la carga de la prueba al ciudadano, aparcando la posible actuación de oficio para demostrar mejor los hechos o suprimiendo, antes de dictar resolución, la petición de informes -vinculantes o no-, estaremos acortando la tramitación de esos expedientes pero habremos hurtado garantías básicas y hasta definitivas a muchos ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.

Eso sí, en la próxima memoria elaborada por el órgano competente figurarán como pendientes de resolver 1.500 expedientes en lugar de 5.000, lo cual hará subir en el escalafón a algún alto cargo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 6/85) reconoce los principios de mérito y capacidad, así como los de objetividad y transparencia para el acceso y desempeño de sus funciones, y el artº 11 recuerda que se debe actuar conforme a las reglas de la buena fe.
Según M. Duverger, "una tradición muy fundada (para los jóvenes magistrados) exige que la docilidad respecto al poder asegure carreras especialmente brillantes".

El principio ' Iura novit curia' no siempre se demuestra y, en algunos casos, los errores judiciales o administrativos pueden tener consecuencias funestas para los ciudadanos. Y si se producen en causas dominadas por eso que ha dado en llamarse "inmediatez" suele haber condenados por mor de interpretaciones torticeras o sesgadas de simples declaraciones.

Sirva como ejemplo: una entresaca en el fallo judicial de "el máximo" en lugar de "el máximo establecido legalmente" en alguna respuesta, sin más consideraciones, o reproduciendo en otra resolución la declaración de un testigo que se sabe ha intervenido con anterioridad como testigo falso y familiar de una de las partes para la que se declara. ¿Cuántas veces se castiga el delito de falso testimonio?: muy escasas veces. Se podría apreciar de oficio pero hay que quitarse expedientes de encima.

O el caso de algún fiscal que en una vista penal reconoce alguna duda sobre un caso de lesiones y, sin embargo, no hace activar el "in dubio pro reo" sino algo predeterminado por apariencias, condicionamientos, prejuicios, inquina o, peor aún, por denuncias falsas anteriores entre los mismos actores, y con la conciencia tranquila, por defender algún ' interés protegido'. Pruebas que no han sido adveradas pese a la ausencia de notificación o sentencias condenatorias por resultar "verosímil" o hablar la denunciante "de forma clara y contundente"... Inacabable. Dirán que existen los recursos, fácil salida.

Los juicios rápidos o inmediatos, al igual que ciertos procedimientos administrativos, sin las debidas garantías, son un abono perfecto para el penoso árbol de la injusticia.

La Justicia debe ajustarse a la razón, debe anteponer la rectitud, la buena fe y la ética a cualquier otra regla, porque la protección del acusado durante el juicio va unida indisolublemente al derecho a las garantías judiciales, procesales o de enjuiciamiento. Y lo mismo cabe decir, en vía administrativa, del respeto a los trámites legalmente establecidos para cualquier procedimiento.

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