DCLM.ES · OPINIONES · Plumaroja
Corría el año 1991 cuando José Manuel Díaz-Salazar, alcalde de Daimiel, busco la ayuda de Juan Serna y Mario Gaviria, dos especialistas en investigación agraria y movilización social, para la elaboración de un plan de desarrollo sostenible que diera soluciones a Daimiel y su comarca ante la grave sobreexplotación del Acuífero 23. El resultado de aquel trabajo quedó plasmado en el libro La Quimera del Agua: Presente y futuro de Daimiel y la Mancha occidental.
Aquel plan fue origen de distintas iniciativas europeas que, complementadas por los gobiernos socialistas de Castilla La Mancha, terminaron por convencer a los agricultores de la comarca sobre los beneficios del uso eficiente y sostenible del agua. Amén de los beneficios socioeconómicos para la comarca (fijación de población, impulso a la actividad económica y creación de empleo…), los medioambientales permitieron la recuperación del acuífero y la pervivencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Todo aquello fue posible porque ciudadanía, gobiernos locales y gobierno regional entendieron que solo había un camino posible: pensar en el agua como un recurso escaso e imprescindible para las generaciones futuras.
Muy al contrario, en el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura, las comunidades de regantes levantinas y murcianas aspiran a consumir el último litro de agua que corra por el canal del trasvase. Esto es así porque cuando se habla de agua, el PP no tiene pudor en recurrir al maniqueísmo, los argumentos de trazo grueso o, sencillamente, la demagogia para calmar la inagotable sed de las comunidades de regantes levantinas y murcianas. Por ello, siempre alimentaron la solución de los trasvases, incluido el Ebro como futura alternativa al Tajo, y rechazaron las desaladoras.
Estas formas de atizar las pasiones, de simplificar los conflictos hasta convertirlos en un enfrentamiento entre buenos y malos y de arrogarse la razón en nombre del pueblo, convertido en un colectivo homogéneo que no admite matices, no son nuevas en el PP. Sus máximos dirigentes han practicado ese populismo contundente y desacomplejado en muchas ocasiones, con resultados casi siempre lamentables, véase cómo está actualmente Cataluña después de la nefasta campaña del PP contra el Referéndum.
Valencia fue escenario de una de esas manifestaciones de populismo demagógico, fue en marzo de 2003. Allí se cocinaron 400 paellas gigantes y se repartieron 120.000 raciones de arroz entre los asistentes a un acto convocado al grito de ¡Agua para todos! La gigantesca campaña mediática pidiendo trasvases desde el Ebro fue regada con abundante dinero público por las instituciones valencianas, controladas por el PP, mientras las comarcas del sur de Cataluña protestaban masivamente contra el posible trasvase del Ebro.
La victoria inesperada de Zapatero en las elecciones generales de 2004 trastocó el negro panorama que se había diseñado ya que una de sus primeras medidas fue derogar el proyectado Plan Hidrológico Nacional, pero no aflojó el insulto fácil de la derecha española. Al contrario, todo aquel que estuviera en contra del Plan Hidrológico o pusiera objeciones a los trasvases pasó a ser un ‘mal español’ o un ‘enemigo acérrimo del progreso’. Una de las víctimas de aquella violenta campaña fue la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que puso en marcha, como alternativa a la conflictiva y superada política de trasvases entre cuencas, un ambicioso programa de construcción de desaladoras para hacer frente a la sequía. Fue denostada hasta extremos delirantes por los dirigentes del PP y el lobby hídrico levantino y murciano, al que financiaron generosamente con subvenciones sus campañas propagandísticas.
¡Si el PP gana las elecciones, no habrá desaladoras!, profetizó el ínclito González Pons, en un acto en el que destacaron voces como las de Francisco Camps o Miguel Arias Cañete. Una década después, como las palabras se las lleva el viento, el Gobierno del PP destinaba 11,5 millones de euros a obras urgentes para poder ampliar el uso de seis plantas desalinizadoras en Alicante y Murcia, que suministran agua a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Entre ellas, la desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa, cuya construcción boicoteó el PP desde la Generalitat Valenciana hasta extremos grotescos. Claro que, como hemos sabido después gracias a las investigaciones policiales, el PP encontró en tramas como las de EMARSA y ACUAMED fuentes de financiación en ‘B’ y para enriquecimiento de algunos dirigentes.
Ciertamente no hay soluciones inocuas a problemas como el de la escasez de agua y las plantas desalinizadoras no son una solución milagrosa porque consumen mucha energía y producen un agua más cara que la que están acostumbrados a pagar los regantes levantinos y murcianos. No olvidemos que los sobrecostes originados por la corrupción en la empresa ACUAMED, especialmente mientras fue ministro Arias Cañete, han lastrado innecesariamente las cuentas públicas. En el lado positivo, el impacto de la salmuera excedente sobre las praderas de posidonia que llevó a los populares a calificarlas como “las nucleares del mar” (otra vez González Pons), se ha resuelto en buena medida gracias al uso de difusores.
Pero lo que ya nadie discute es que si se puede hacer frente a la sequía, especialmente para dar de beber a las ciudades de un litoral superpoblado, es gracias a que en su momento se hizo una política racional, es decir, se actuó sin dejarse amedrentar por la descalificación permanente. También, porque los que esgrimieron aquella demagogia, como suele ocurrir, acabaron actuando al volver al Gobierno como habían jurado y perjurado que no lo harían: invirtiendo en desaladoras.
Hubo un ejemplo muy claro de esta mezcla de violencia argumental, gestión corrupta de los recursos públicos y manipulación: la Fundación Agua y Progreso, creada por el gobierno de Camps nada más entrar Zapatero en la Moncloa y disuelta cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente en 2011. Bastó que volviera el PP a mandar en Madrid para que se desactivara un engranaje de propaganda trasvasista en el que solo la Generalitat Valenciana gastó 7,2 millones de euros.
Ahora, la ideología trasvasista se desgasta aceleradamente. La Comunidad Valenciana y Murcia intentan defender sus derechos sobre el Tajo-Segura frente a Castilla-La Mancha, pero el trasvase se hace cada dia más insostenible. Ante la falta de agua en los embalses de cabecera, los regantes del sur valenciano proponen una transferencia entre cuencas internas, la del Júcar-Vinalopó, intentando reabrir las heridas de una guerra entre levantinos que se saldó con el envío de agua desde una toma cercana a la desembocadura del Júcar, que no amenaza a la comarca de la Ribera ni al parque natural de L’Albufera pero que los regantes se empeñan en trasladar río arriba, donde sí lo haría. Son los últimos coletazos de una polémica del pasado ya que las desaladoras, al final, están ahí para resolver el problema del agua.
Un documento que firma, entre otras plataformas ecologistas, la Fundación Nueva Cultura del Agua sostiene: “Las sequías no se resuelven con medidas urgentes sino con prevención y planificación”. Y en esa línea se hace imprescindible poner fin a la herida ambiental y socioeconómica que supone el Trasvase Tajo-Segura y planificar el desarrollo en base a los recursos naturales disponibles en cada territorio. Medidas como la eficiencia, la depuración y la reutilización, apoyadas en la desalación del agua de mar deben ser la alternativa a cuatro décadas de abuso sobre el rio Tajo. Eso sí, entendiendo que el agua es un bien escaso del que depende la vida en todo el planeta y sobre el que ningún grupo puede tener privilegios.
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