DCLM.ES · OPINIONES · Guillermo Rodríguez Labrado
Cualquiera que haya sobrevolado el centro de España de norte a sur habrá observado, no ya solo un territorio subdesértico, sino desértico incluso en muchos lugares. Sólo se aprecian desde arriba algunas zonas, algunos rodales verdes y dispersos.
El caso de los incendios forestales está íntimamente relacionado con el clima, con las condiciones atmosféricas, pero también con la propiedad forestal sea ésta pública o privada.
Tanto el Estado como las Entidades Locales pueden detentar la propiedad de los montes, no sólo como bienes de dominio público (su gestión o administración) sino también como bienes patrimoniales. Hay montes de particulares igualmente (catalogados o no) y desde que se produjo, a comienzos de los 80, el traspaso de bienes y servicios a las Comunidades Autónomas, éstas han asumido grandes competencias sobre los mismos.
España es variada y múltiple en la formación de su territorio y en la formulación de su propiedad.
Galicia, que es desgraciadamente actualidad, tiene un sistema de propiedad con antiquísimas raíces, cual es la copropiedad de los montes vecinales en mano común. Supone más de 700.000 Has. de monte vecinal. Su superficie está gestionada por más de 2.800 Comunidades de montes en mano común que actúan como titulares de la propiedad vecinal, de acuerdo con el censo o registro de zonas conocidas allí como parroquias, una institución sin personalidad jurídica pero muy influyente en cuanto a deslindes o pleitos relativos a los terrenos.
La Ley de Montes de 1957 derogó la casi centenaria Ley de 1863 y pasó a regular la riqueza forestal pública siendo intervencionista, cuando procedía por interés general, con la riqueza forestal privada. Ahora son las propias Comunidades Autónomas las que regulan de forma generalizada esa riqueza forestal.
En Galicia los minifundios son propios de las áreas rurales y su gestión corresponde a las mencionadas Comunidades de vecinos. De cara a su explotación forestal, ganadera y ambiental se promulgó el Decreto 23/2016, de 25 de febrero, por parte de la Xunta de Galicia, regulando la reinversión de los ingresos obtenidos por los montes vecinales en mano común en actuaciones de mejora y protección forestal. La entrada en vigor de ese Decreto ha agudizado los problemas del campo gallego.
Antes de la publicación del citado Decreto era la Administración la que establecía los linderos (motivo de disputas en muchos casos), pero con la Ley de Montes de 2010 la competencia para deslindes de esos terrenos pasó a las Comunidades vecinales. El órgano competente para resolver esos conflictos ya no es la Xunta sino dichas Comunidades.
¿Lo dicho anteriormente guarda relación con los incendios forestales producidos este mes de octubre? Puede que sí, pero hay otros muchos motivos que podrían citarse, desde la no continuidad de los más de 400 brigadistas forestales contratados en verano hasta la fascinación que ejerce el fuego en algunas personas, o el despreciable y criminal atentado perpetrado por gentes con oscuros, muy oscuros y seguramente lucrativos intereses.
Una seria investigación debería eliminar todas las especulaciones.
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