DCLM.ES · OPINIONES · Juan Sánchez
El 24 de febrero de 2011 fue un día histórico en nuestra región: se aprobó la Ley 3/2011, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, una ley muy progresista que significaba unos avances importantes para las políticas de lectura pública. Además, se derogaba la Ley de 1989, con lo que nos convertíamos en una de las escasas comunidades autónomas que disponía de una ley de “segunda generación”, cuando otras regiones aún no se habían dotado de un instrumento legal de este carácter.
Con motivo de esa aprobación el Gobierno regional ofrecía datos sobre la realidad bibliotecaria de Castilla-La Mancha que eran espectaculares: “Hay 549 bibliotecas públicas y diez bibliobuses en la región, que permiten que el 99,26% de los ciudadanos tengan acceso directo a este sistema bibliotecario, del que el 32,6% es socio. Los cientos de bibliotecas públicas municipales inauguradas, el incremento de las colecciones y los servicios, o la incorporación de Internet como herramienta básica de comunicación, son avances conseguidos en el desarrollo bibliotecario de la región.” Y se añadía que con la nueva Ley se pretendía “avanzar y mejorar en este servicio público, que anualmente recibe más de ocho millones de visitantes, y potenciar el papel de la lectura como elemento vertebrador de la sociedad del conocimiento.”
Fue una Ley aprobada a instancias del PSOE. La inmediata irrupción de la crisis y la normativa estatal sobre subvenciones a las corporaciones locales supuso la paralización de los programas de ayudas que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha venía desarrollando desde los años noventa del siglo XX. Por otro lado, la nueva Ley quedó “aparcada” sin que sus previsiones fueran llevadas a la práctica. Afortunadamente el nuevo Gobierno no derogó una Ley que no apoyó cuando fue aprobada. Durante la pasada legislatura se hicieron algunos avances, como la puesta en marcha de la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha y de las cinco Comisiones Técnicas Provinciales de la Red. Pero la parálisis de las ayudas para bibliotecas municipales, la anulación de planes inversores y un espectacular retroceso en los recursos de las bibliotecas gestionadas por la Junta (la Regional y las Públicas del Estado) fueron un mazazo a la evolución bibliotecaria de nuestra región. Por supuesto, el reparto de la financiación de los servicios a los municipios entre las diversas Administraciones Públicas quedó olvidado así como la firma de los convenios entre la Junta y los ayuntamientos para la integración en condiciones adecuadas de las bibliotecas municipales en la Red.
La llegada del PSOE al Gobierno, primero en solitario y después en coalición con PODEMOS, creó unas expectativas que muy pronto quedaron defraudadas. Tras mucha lucha, reuniones y notas informativas, y por mi parte infinidad de artículos periodísticos y declaraciones en medios de comunicación e intervenciones en congresos y jornadas profesionales, en 2016 se recuperó tímidamente la convocatoria de ayudas para contratación de bibliotecarios municipales, resuelta en 2017, con un total de 600.000 €, con cantidades ridículas por ayuntamiento, y que no permitió crear ningún contrato de trabajo nuevo o mejorar los existentes. Sólo fue una pequeña inyección económica a los ayuntamientos beneficiarios.
En el debate de los presupuestos del año 2017, con incrementos importantes en algunas áreas sociales, no conseguimos que el nuevo ejecutivo asumiera compromiso alguno en relación a las políticas bibliotecarias. Por ello, cuando llegó debate del estado de la región y escuchamos al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, se abrió una puerta de esperanza. En su discurso de 18 de octubre de 2017 el presidente anunció el compromiso de que el Gobierno regional convocaría en 2018 ayudas a adquisición de libros y audiovisuales por importe de 600.000 €; para animación a la lectura y otras actividades de las bibliotecas municipales con un total de 400.000 €; y un programa para financiar pequeñas inversiones y equipamiento en bibliotecas municipales por 300.000 €. Si a ello añadíamos los 600.000 € para colaborar en la contratación de bibliotecarios municipales, no citados por el Presidente, y que ya estaban previstos, tendríamos un total de 1.900.000 €.
Personalmente, realicé un llamamiento a los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha para que con sus propuestas se mejorase incluso la propuesta realizada por el presidente regional. En el proyecto de presupuestos aparecieron por fin dos cantidades destinadas a la cooperación municipal: 600.000 € destinados al programa de contratación de bibliotecarios y 500.000 € para apoyar la adquisición de novedades en las bibliotecas municipales. Es decir, del importe anunciado por el presidente, cercano a los dos millones de euros, bajábamos a 1.100.000 y se olvidaban las ayudas para las actividades de animación a la lectura y las inversiones. El debate presupuestario sirvió para comprobar cómo PSOE y PODEMOS no estaban en absoluto dispuestos a apoyar a las bibliotecas, y las propuestas realizadas por el Grupo Parlamentario del PP fueron rechazadas.
En suma, las palabras del presidente regional han sido humo en gran parte pues sus compromisos no se han cumplido y los presupuestos del año 2018 sólo contienen las dos cuantías que figuraban en el proyecto. Que un mandatario público mienta en sede parlamentaria me parece muy grave. Pero también es grave que, una vez más, el Gobierno regional defraude las esperanzas de unos profesionales, los bibliotecarios y bibliotecarias, que vienen trabajando con imaginación y total implicación y obtienen el reconocimiento público de la sociedad y de las Administraciones pero luego no son apoyados con recursos en su trabajo diario. El problema no es sólo el desprecio que esta actitud de marginación supone para bibliotecas y bibliotecarios: es peor el olvido que el Gobierno regional hace de los millones de ciudadanos que son usuarios de las bibliotecas.
Pero las mentiras no se han parado en el presidente. En diversas comparecencias públicas, el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, anunció a bombo y platillo que el Gobierno recuperaba en 2018 los programas de ayudas para las bibliotecas municipales, señalando que se convocaría la línea de ayudas para contratación de bibliotecarios (600.000 €), las ayudas para colecciones (500.000 €) y las correspondientes a actividades de animación a la lectura (400.000 €). El Portavoz aparece como un gran desconocedor de la Red de Bibliotecas Públicas, citando un número de bibliotecas (sólo 422) que no se ajusta a la realidad ni a las propias estadísticas del Gobierno regional, y, eso sí, ofreciendo “doctrina” sobre la importancia que tienen la cultura y las bibliotecas para el Gobierno. Hernando afirmó: “…son estas iniciativas lo que realmente nos convierte en una identidad cultural castellano-manchega con vocación de servicio, de aportación al conjunto de la cultura y de la identidad española en nuestro país, un sentimiento que tiene que ir acompañado de recursos plasmados en los presupuestos del 2018, que aportan enormemente a la lectura, a la cultura, donde creemos que no valen ni los recortes ni el IVA cultural. Aquí lo que vale es poner más dinero público para apoyar a la cultura y la lectura de Castilla-La Mancha y lo estamos demostrando hoy”. Pero el Portavoz quería convencernos de unas cantidades que no estaban reflejadas totalmente en los Presupuestos, igual que ocurrió con las promesas del presidente.
¿A quién quieren engañar nuestros gobernantes? Me parece de una gran irresponsabilidad esta actitud: encima de que no apoyan en los presupuestos unas partidas para bibliotecas municipales que las asociaciones profesionales estimaron de 4 millones como necesidad mínima -y yo mismo clamé reiteradamente por un mínimo de 3 millones- desaprovechan el debate presupuestario y luego presumen de recuperar programas que no se compadecen, al menos a fecha de hoy, con la realidad. Los políticos que mienten a los ciudadanos no merecen estar en puestos de tan alta importancia social y política.
Juan Sánchez Sánchez.
Exdirector de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.
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