DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
España ha padecido el problema de la corrupción, en nuestra opinión una de las causas determinantes de la desafección política. Demasiados casos que, cuando entran en vía judicial, y se conocen resultados de investigaciones, deposiciones y testimonios, causan sonrojo hasta elevar sin límites el nivel de obscenidad. En algunas entregas demoscópicas, la corrupción llegó a ser la primera de las preocupaciones que embargaban a los ciudadanos. Luego ha ido fluctuando ante la dimensión de otros asuntos como el desempleo, las pensiones, la vivienda o la asistencia sanitaria.
Es difícil luchar contra ella. Se ha intentado, con mecanismos preventivos, leyes y endurecimiento de penas o sanciones. Pero, como quiera que sea, sortean tales medidas, la más reciente de las cuales, por cierto, ha sido adoptada por el Partido Popular (PP), consistente en fiscalizar el patrimonio de sus cargos y revisarlo cada dos años. Un órgano del partido velará por el cumplimiento de lo que se disponga al respecto y sobre otras circunstancias, como por ejemplo, el régimen de incompatibilidades. La totalidad de la organización, incluyendo personas que trabajen para ella o para las instituciones donde gobernase, se verá afectada por la iniciativa, próxima a ser aprobada. Es un paso, sin duda, seguro que considerado tardío por muchas personas, y viene a complementar un reglamento interno disciplinario que consigna la obligatoriedad de denunciar presuntos delitos por representantes de la formación conservadora, apremiada, después de todo lo ocurrido, a regenerarse. Es un paso, otro más, hacia la tolerancia cero tantas veces predicada.
A ver si tiene una continuidad práctica efectiva porque informes independientes recientes indican que España es de los países de la Unión Europea (UE) peor situados cuando se trata de proveer mecanismos y fórmulas de cobertura legal para la protección de los denunciantes o alertadores de prácticas corruptas. Uno de esos informes, elaborado por la ONG internacional Blue print por free speech y coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, concluye que nuestro país no cubrió parte o alguno de los estándares internacionales que se habían exigido y que otros veintiún Estados miembros de la UE obtuvieron mejor puntuación que España, en tanto que más de la mitad de los países integrantes cumple actualmente, de forma parcial o completa, tres estándares.
Según los autores del informe, alertar y denunciar es uno de los caminos más efectivos para luchar contra la corrupción, de modo que quienes asuman de forma cabal y consciente esa iniciativa “ayudan a elevar los estándares éticos en la sociedad (…) por lo que la ley debe protegerlos tanto en el papel como en la práctica”. Es cuestión de proponérselo, si es que de verdad se quiere erradicar este mal de toda la vida pero que ya ha alcanzado niveles insoportables.
Salvador García Llanos
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