DCLM.ES · OPINIONES · María José López Álvarez
Si la declaración del estado de alarma puso la actividad económica al ralentí, con el permiso retribuido obligatorio para los trabajadores que presten servicios en actividades no esenciales se da otra vuelta de tuerca y ya tenemos una economía en cuarentena. O, dicho de manera más gráfica, en hibernación.
Aunque la decisiones tomadas por el Gobierno están justificadas por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, conviene tener presente su alcance y sus efectos en las empresas y los trabajadores afectados.
Durante los últimos quince días, la actividad económica ha tenido que adaptarse a la situación excepcional que ha generado la pandemia. En algunos casos, la obligada paralización, parcial o completa, de la actividad, ha llevado a la suspensión temporal de los contratos de trabajo (ERTE), beneficiándose de las condiciones previstas en el Real Decreto Ley 8/2020.
Estos ERTE garantizan a los trabajadores la percepción del subsidio de desempleo sin consumir períodos de prestación, y a las empresas les permite exonerarse de una parte del pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Hay empresas que han optado por intentar mantener su actividad pero, en cualquier caso, el trabajo se ha mantenido en unas condiciones de falsa normalidad, con un importante esfuerzo organizativo y económico, y con una productividad menguada.
La paralización de las actividades no esenciales anunciada el 29 de marzo, con la obligada concesión de un permiso retribuido a los trabajadores entre el 30 de marzo y el 9 de abril, supondrá una carga adicional que muchas empresas difícilmente podrán afrontar.
Para los trabajadores, el permiso supone el mantenimiento del salario, incluidos los complementos, pero con la obligación correlativa de recuperar el tiempo de trabajo en el momento en que así se acuerde.
En tanto, a la empresa se le exige el pago de los salarios y las cuotas a la Seguridad Social, pese al cese de la actividad económica.
Aunque no se prohíbe la solicitud de nuevos ERTE, parece difícil que se vayan a autorizar. Esta nueva norma es un indicio claro de la sobrecarga que ya soportan las arcas públicas y la dificultad de asumir nuevos gastos.
De hecho, el ministerio de Trabajo ha anunciado una revisión exhaustiva de los expedientes presentados y su justificación.
Además, el Real Decreto Ley 9/2020 ha limitado, también de forma extraordinaria, los despidos por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas durante el estado de alarma.
El artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores faculta al empresario para distribuir irregularmente hasta un 10% de la jornada anual, reduciendo a veces el tiempo de trabajo para incrementarlo cuando se requiera, y acompasarlo, así, a la demanda productiva.
Ahora, con la aplicación del real decreto ley 10/2020, dicha facultad se impone al empresario de forma preceptiva.
Este permiso retribuido crea una “bolsa de horas” para ser recuperadas por la empresa antes de que acabe el año en curso. Lo que no queda claro es si para entonces habrá una recuperación económica suficiente, que justifique su uso dentro del período fijado.
Las medidas tomadas por el Gobierno parecen abocadas, sobre todo, al sostenimiento del empleo y la protección de los derechos de los trabajadores. Pero también parece necesario que se de apoyo a las empresas, sobre todo a las más frágiles, para facilitar la recuperación
económica cuando esta crisis sanitaria se resuelva.
María José López Álvarez, Profesora Propia Ordinaria Derecho del Trabajo y SS Univ. Pontificia Comillas-Madrid, Universidad Pontificia Comillas
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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