DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
Una de las enseñanzas de la pandemia es que resulta indispensable dedicar más recursos públicos a la investigación científica y a la innovación. Hay que incrementar de forma sostenible la inversión pública en Investigación, Desarrollo e innovación, la ya célebre fórmula (I+D+i) que los gobiernos de todo el mundo y de todo signo habrán de aplicar para hacer frente a nuevo virus que broten por ahí sin saber cuáles son sus poderes.
Ya se ha dado un paso en nuestro país, medidas presupuestarias al margen. Se trata del Pacto por la Ciencia y la Innovación que establece un horizonte mínimo de actuaciones para los próximos años y representa un acuerdo terminante de la sociedad civil sobre la importancia que deben tener esos dos conceptos en el cuerpo social de nuestros días.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha incorporado a este Pacto y hay que ponderar el hecho pues, a fin de cuentas, los gobiernos locales son la vía, según define su presidente, Abel Caballero, “para que las estrategias del ministerio se traduzcan en medidas concretas y para llevarle las necesidades que tienen los territorios”. De este modo, los poderes locales se convertirán en correas de transmisión de la ciencia y la innovación.
El Pacto compromete a recursos, sistema y personas, quiere decirse que debe haber una financiación acorde con las prioridades del país; que las entidades científicas dispongan de autonomía y coordinación y que sea efectiva la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico e innovador.
El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:
“El conocimiento y la innovación son esenciales para mantener y mejorar el bienestar social y el crecimiento económico. La competitividad y la productividad del tejido económico depende, casi en exclusiva, de la cantidad de conocimiento avanzado incorporado por la actividad productiva y, por ende, de su continua renovación. La investigación en las ciencias naturales, sociales y humanas es fuente de valores y enriquecimiento cultural.
Este pacto nace en una especial situación de crisis social y económica, frente a la que la Unión Europea plantea un Programa de Reconstrucción y España apuesta con firmeza por la ciencia y la innovación como valor estratégico y pilar del bienestar y del crecimiento. Es el momento de hacer explícito el acuerdo existente de la sociedad civil española sobre el papel central de la ciencia y la innovación.
Proponemos un pacto sucinto que contempla, únicamente, los aspectos básicos y evaluables que ha de asumir la acción política en cuanto a recursos, organización del sistema y personas. El propósito principal es incrementar de forma razonable la inversión pública necesaria tanto en ciencia (centros de investigación, universidades y otros actores del sistema) como en innovación, para alcanzar la media de inversión de la UE en I+D+I. Este es un objetivo de mínimos ampliamente consensuado entre todos los actores económicos, sociales y políticos, convergiendo también en la distribución de la inversión de I+D+I entre el sector público y el privado. La Comisión Europea ha marcado recientemente como meta para 2030 que los Estados Miembros inviertan en total, entre público y privado, el 3% del PIB en I+D+I, y que la inversión pública represente el 1,25% del PIB. En 2018, último dato consolidado, ésta fue en España del 0,52% del PIB. Además del incremento de recursos, debemos asegurar el relevo generacional y la atracción y retención de talento, así como garantizar el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Este Pacto compromete a los siguientes puntos:
1. Recursos: Una financiación acorde con las prioridades del país. Que la financiación pública en I+D+I, excluyendo partidas financieras, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030, lo que supondrá llegar al 0,75% antes de 2024. Que se refuercen, en la misma proporción, las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, con especial atención a las PYMES. En caso de reducción del gasto público, que la financiación en I+D+I no se reduzca en valor absoluto.
2. Sistema: Autonomía y coordinación de las entidades financiadoras de I+D+I. Que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dispongan de los recursos y autonomía necesarios para asegurar que su dirección estratégica y funcionamiento estén basadas en la excelencia científica e innovadora. Que la distribución competencial, sea cual sea ésta, garantice la dirección estratégica común y la óptima coordinación entre estos organismos y con los propios de las Comunidades Autónomas.
3. Personas: Incorporación, recuperación y consolidación del talento científico e innovador: Que se consolide una carrera pública estable y predecible para el personal investigador y técnico equivalente a las de los países más avanzados. Que los investigadores cuenten desde el inicio con los medios materiales y administrativos necesarios. Que se doblen los recursos públicos actuales para la incorporación y formación de personal de I+D+I en las empresas”.
Frente a la crisis, pues, medidas como ésta, bien orientada y participativa, que involucren a los poderes públicos y a los agentes sociales. La reconstrucción no será posible sin iniciativas concretas que estimulen el quehacer de todos para el beneficio colectivo.
A ver si aprendemos.
Salvador García-Llanos
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