DCLM.ES · OPINIONES · Plumaroja 20
El Gobierno de Coalición, ante el bloqueo del PP en la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional para no perder la mayoría que le favorece en los numerosos casos de corrupción abiertos contra sus dirigentes o el propio partido, plantea reformar las mayorías necesarias para elegir los vocales de ambos órganos dejándola en las mayorías absolutas de ambas cámaras, retrotrayéndose a la situación previa a la reforma que hizo el Gobierno de Zapatero en 2004.
Los vaivenes del PP son especialmente llamativos en este ámbito. Mariano Rajoy ya rebajó en 2013 la mayoría cualificada para nombrar a la cúpula del Tribunal Supremo. Valiéndose de la mayoría absoluta de la que disponía, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial en junio de 2013 para reducir la mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ necesaria para nombrar a los presidentes de Sala, magistrados del Supremo y presidentes de tribunales superiores de Justicia.
Antes, en 2004, el gobierno de Zapatero había introducido el requisito de la mayoría cualificada en la norma que regula a los jueces para equiparar esos nombramientos a los de los aspirantes al Tribunal Constitucional. El objetivo era “fomentar la adopción de acuerdos por una amplia mayoría, superior incluso a la legalmente exigida, estimulando así una tendencia hacia la unanimidad”.
El PP de Rajoy mostró su desacuerdo y recurrió los cambios al Tribunal Constitucional. A su juicio, la reforma impulsada por Rodríguez Zapatero vulneraba “el mandato constitucional de imparcialidad, independencia y sometimiento exclusivo de los jueces al imperio de la ley (artículo 117 de la Constitución) porque permitía que una minoría pudiera bloquear cualquier acuerdo de la mayoría en el seno del CGPJ si no se alcanzaba un reparto satisfactorio para las partes”.
Rajoy y su bancada sostenían que ese reparto de nombramientos respondía a cuotas políticas en lugar de a los principios de mérito y capacidad. Además, se quejaba de que, en la Carta Magna, “las mayorías cualificadas son excepción a la regla general que recurre a las mayorías simples para la toma de decisiones, de modo que el legislador puede hacer uso de ellas para proteger un bien constitucionalmente relevante, evitando restricciones injustificadas del principio mayoritario, y nunca arbitrariamente y menos aún para dar un enfoque político a la justicia”.
El Tribunal Constitucional dio la razón a las reformas de Rodríguez Zapatero porque, mientras esos nombramientos respetaran la capacidad de los aspirantes y su derecho a optar en igualdad al cargo, el sistema de mayoría de tres quintos no contravenía la Constitución. El ponente de aquella sentencia fue Pablo Pérez Tremps, magistrado adscrito al sector progresista fallecido recientemente, que vino a decir lo siguiente “la mayoría exigida para proceder a los nombramientos queda a criterio del legislador orgánico, sin que la opción por una u otra mayoría pueda considerarse contraria a la Constitución”. La sentencia fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2013. Habían pasado ocho años desde que el PP planteó el recurso.
Unos meses más tarde, en junio de 2013, el gobierno de Rajoy acometió una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, optó por volver a la mayoría simple para designar a la cúpula judicial en el Supremo y en los tribunales superiores de Justicia. La medida devolvía el escenario a la situación inicial, el momento anterior a la modificación introducida por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. El PSOE recurrió la reforma ante el Tribunal Constitucional, su recurso fue rechazado, y el PP dispone desde entonces del control de los órganos judiciales bien con sus mayorías parlamentarias o 'por la puerta de atras'.
Después de la moción de censura a Rajoy, tras el triunfo electoral del PSOE, en diciembre de 2018 se vuelve a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y se recupera la obligatoriedad de contar con una mayoría de tres quintos en el CGPJ para todo tipo de nombramientos pero el Gobierno de Sánchez se encuentra con la negativa del PP a alcanzar acuerdos para los nombramientos. Así, tras cuatro años de bloqueos y la situación agónica de los órganos judiciales con muchos de sus miembros con mandato caducado, incluidos los presidentes del CGPJ y del TC, el Gobierno de Coalición propone reformar la Ley para cambiar la mayoría cualificada a mayoría absoluta y se encuentra con el asalto del Tribunal Constitucional a las competencias propias del Congreso y el Senado.
La reforma presentada por el Gobierno se asemeja a la aprobada por Rajoy en 2013 y a lo defendido por el PP ante la reforma de Zapatero en 2004. Curiosamente, el PP ha cambiado su posición histórica y ha presentado Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional ante la posibilidad de perder el control de los órganos judiciales con un modelo de elección que siempre ha defendido y ha aplicado cuando ha estado en el Gobierno.
A petición del PP, en una actuación sin precedentes, el Tribunal Constitucional se ha saltado la separación de poderes paralizando la votación de la reforma en el Senado, vulnerando gravemente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la propia Constitución. Lo ha hecho con el voto de dos vocales nombrados por el PP que habian sido previamente recusados por tener su mandato caducado. La intervención torticera de la mayoría conservadora no se ha quedado ahí y sigue maniobrando para impedir la toma de posesión de los vocales progresistas, convocando plenos en el CGPJ y recusando vocales progresistas para imponer su criterio o desconvocando plenos en el TC para que no tomen posesión los vocales nombrados por el Gobierno, y ello a pesar de que Trevijano está obligado a celebrar el pleno si lo piden tres de los vocales.
Hasta no hace mucho, el PP que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo abogaba por reducir esa mayoría de tres quintos, pero, con la mayoría conservadora en los órganos judiciales, las sentencias absolutorias a sus casos de corrupción siguen cayendo una tras otra a su favor y eso es muy goloso para un partido con dos condenas en firme por financiación ilegal y muchos frentes abiertos en los Tribunales.
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