DCLM.ES · OPINIONES · Paloma Moratilla
“Cree el ladrón que todos son de su condición”, así dice el saber popular sobre un hecho cierto, que suele darse cuando uno se sabe culpable y lo mejor es culpabilizar a otros.
Hace meses el Tribunal Supremo sentó una jurisprudencia: “que no se admitirían a trámite las denuncias basadas en artículos periodísticos”, pero el juez de la Plaza de Castilla, junto con el “creador” de Manos Limpias, han decidido pasarse la jurisprudencia por el “gorro” les “guste o no la fruta”.
Para quienes no manejan el lenguaje técnico, podemos decir que en nuestro ordenamiento jurídico, la jurisprudencia es una de las fuentes del Derecho y es el conjunto de sentencias emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales, cuando repiten el criterio en más de una resolución. Tiene el objetivo de aplicar la ley en igualdad y por ello se le conoce como el principio unificador.
Todo esto no sirve de nada a la derecha y la ultraderecha española, tras la descabellada denuncia a Begoña Gómez, la compañera de vida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El propio cerebro de la operación ha confirmado que “planteó la demanda, tras haber tenido conocimiento por la prensa de las presuntas irregularidades” y se descarga de responsabilidad diciendo que “si las informaciones no son ciertas, serán los medios de comunicación, que las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad”.
La denuncia acusa a Begoña Gómez de un supuesto tráfico de influencias y de corrupción privada y ha sido publicada por esos periódicos que en los últimos días no han publicado que según la UCO “era Zaplana (PP) quien tomaba las decisiones en el caso Erial. Ese procedimiento abierto contra varios miembros o exmiembros del PP de la Comunidad Valenciana por llevarse más de 20 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV o parques eólicos.
Esos mismos medios que han silenciado, en los últimos días, que Rodrigo Rato (PP), mano derecha de Aznar en sus tiempos de Gobierno, se ha negado a contestar las preguntas del Ministerio Fiscal, cuando ha sido acusado por 11 delitos contra la Hacienda Pública. Delitos como el blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, con un fraude de casi 9 millones de euros en la gestión de su patrimonio.
Ese “dinero negro” o esa “caja B” que llevó al PP a ser el único partido condenado por corrupción en nuestro país. Algo que quedó claro después de escuchar las grabaciones policiales. Una de ellas muy significativa, la de la ex concejala ya fallecida María José Alcón, en la que explicaba a su hijo “Han hecho una trampa en el partido. Me han dado 1000 euros en dos billetes de 500, dinero negro, y yo tenía que hacer una transferencia legal desde mi cuenta. Blanquear dinero vamos, corrupción política total”.
Podríamos escribir un libro entero, con los desmanes del PP en el territorio nacional, sólo de las últimas semanas y quien sabe si dejar una segunda parte para los territorios de ultramar o de “más allá de nuestras fronteras”.
Sin embargo el pseudo sindicato funcionarial, acostumbrado a moverse entre la derecha, se entretiene poniendo una demanda para la que no tiene pruebas sino titulares de periódicos. Y el Juez “de turno” lo admite a trámite desoyendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y saltándose además el informe previo del Ministerio Fiscal para acusar a la pareja del presidente del Gobierno de “tráfico de influencias” amparándose en que, frente a una acusación falsa no podrá procederse contra el denunciante sino tras la sentencia firme de sobreseimiento o archivo de la causa. Algo que puede tardar en llegar meses o incluso años, teniendo en cuenta la celeridad de la renovación del CGPJ, pero mientras tanto seguimos empañando el buen nombre de la esposa del presidente del Gobierno y de paso el del presidente del Gobierno también, algo con lo que es difícil convivir, siquiera unas horas.
Hace ya mucho tiempo que el PP se aprendió lo del “difama que algo queda” porque normalmente no son igual de sensacionalistas las noticias de “se ha sobreseído el caso” o “se archivó la causa”, como la de “demandada la esposa del presidente del Gobierno por corrupción” y aunque los periodistas dejásemos de jugar a eso, al lector siempre le seguirá atrayendo más el segundo titular que los primeros. Lamentablemente en muchos casos quien lee la noticia de la demanda, no suele leer la del archivo de la misma “por falta de pruebas”.
La derecha y la ultraderecha siguen lanzando injurias y calumnias, sabiéndose amparados en las sentencias que lo justifican en “el fragor de la batalla política”, pero cuánto daño está haciendo esto. Algo que no debería estar permitido bajo ningún concepto. Debería estar incluso sancionado, sobre todo cuando todo esto se lanza contra miembros de la familia del político que nada tienen que ver con la política.
Dice el artículo 456 de Código Penal que una denuncia falsa tiene que ser, una imputación precisa, con hechos concretos y específicos contra una persona, pero en este caso los únicos hechos precisos son la publicación de una noticia (que ya dejó demostrada su falsedad) en un par de medios de comunicación de clara tendencia política y cuando se planteó la demanda, ya se sabía que la noticia era falsa e incluso se había rectificado por parte del periódico. ¿Quién tiene por tanto la responsabilidad?
Para el demandante no será novedad dormir en la cárcel, ya cumplió condena por hechos similares, porque este es su “modus operandi” permanente, desde que Enrique Tierno Galván, fue su objetivo al acusarle de “malversación de caudales públicos”. Demanda que perdió, tras demostrarse que “el viejo profesor” tenía, como bien decía, “los bolsillos de cristal”.
Tras eso y utilizando como herramienta su extraña organización “Manos Limpias” le hemos visto con frecuencia en los telediarios, en la inmensa mayoría de los casos, por derrotas jurídicas. Como cuando pidió al defensor del pueblo la anulación de la legalización del matrimonio homosexual. Cuando se querelló contra el juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo, contra el programa infantil, los Lunnis, por mostrar la boda de dos hombres o contra los jóvenes del 15M a los que acusó de sedición.
En 2012 se personó como acusación popular en el Caso Nóos y fue el responsable de que la infanta Cristina se sentara en el banquillo, lo lamentable es que llegó a reunirse con un directivo de La Caixa para negociar la retirada de su acusación contra Cristina de Borbón a cambio de 2 millones de euros.
Pasó 8 meses en prisión, donde fue enviado por la Audiencia Nacional por extorsión para conseguir dinero de los bancos a cambio de no plantear demandas contra ellos.
En otros casos sus demandas fueron archivadas como la planteada contra Irene Montero por “criticar a los jueces”. Contra Alberto Garzón por llamar “ladrón” al rey Emérito. Incluso antes de esta ya lo intentó Pedro Sánchez por “negociar la amnistía con Junts”.
Ahora vuelve a levantar una polvareda, para hacerse famoso entre la derecha y la ultraderecha, sin tener ningún escrúpulo en herir los sentimientos de las personas probablemente acostumbrado a tratar con los “suyos” (la derecha y la ultraderecha) que suelen ser gente sin alma.
P. Moratilla
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