DCLM.ES · OPINIONES · Antonio de Miguel Antón
Deberían haber visto la cara de mi amigo -que vive en un municipio ribereño guadalajareño- cuando le comenté que el Gobierno de España había aprobado el pasado mes de julio un real decreto que regulará la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses en el dominio público hidráulico. “No tienen suficiente con el conflicto que están generando en los pueblos por la instalación de fotovoltaicas que ahora quieren también hacerlo con nuestros pantanos” me decía muy cabreado.
Las tierras que pasaron generación tras generación de padres a hijos y que en muchos casos se arrendaron porque no las explotaban, pero que permitían mantener su uso de cultivo para producir alimentos, ahora, en muchos casos están siendo convertidas en campos fotovoltaicos tras propuestas mucho mas jugosas que las que da la agricultura y en otros casos por imposiciones expropiatorias. Ahora reciben ingresos fáciles, aun a costa de eliminar a los agricultores y a los ganaderos de sus zonas tradicionales de trabajo.
Poco a poco el paisaje guadalajareño se va llenando de placas solares y nuestros campos están perdiendo el uso prioritario de se tierras agrícolas y ganaderas para la producción de alimentos. Si no nos defendemos de ello y protegemos nuestra despensa no seremos capaces de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. La agricultura y la ganadería lleva señalada desde hace años y se está produciendo un desmantelamiento del sector que agoniza lentamente sin que los dirigentes políticos pongan soluciones rotundas de apoyo y protección a nuestros ganaderos y agricultores, para que se les respete, se les valore y se les deje trabajar en paz y con rentabilidad. El campo español agoniza, está ahogado por la burocracia y políticas medioambientales ultraconservacionistas injustas y poco razonables, hechas desde los despachos sin tener en cuenta ni a a agricultores y ganaderos ni a sus montes y campos y ecosistemas. Poco a poco nos están dejando sin tierras de cultivo. La escasez y la subida de precios será el efecto colateral que sufriremos por ello.
Hay un plan de energía que está sujetado en el cambio climático y permitido por ciertos ayuntamientos voraces, que están acorralando a los legítimos propietarios que en muchos casos tienen que acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos porque las administraciones no velan por el cumplimiento de la legalidad y la protección del territorio; no sólo desde un punto de vista medioambiental, sino en la medida en que genera riqueza agropecuaria.
Muchos guadalajareños sí queremos energías alternativas pero no así. No es extraño que muchos vecinos hayan empezado a movilizarse para pedir que se replanteen los planes actuales y que se busquen alternativas con un menor impacto ambiental que no degrade el paisaje, que no cambie los ecosistemas y tampoco el sistema productivo de la zona al tener que por ejemplo talar olivos, almendros y dejar inutilizada la tierra, generando poco beneficio económico y no creando puestos de trabajo.
Ayuntamientos que votaron a favor de construir autenticas granjas solares como el de Guadalajara, el de Yebes- Valdeluz, Peralveche, Budia, San Andrés del Rey, Almadrones, Budia, Gárgoles de Arriba y Henche, entre otros, deberían ser objeto de una regulación específica y cumplir las garantías medioambientales de verdad, respetando los paisajes de alto valor ambiental y no responder a intereses privados ni de partidos políticos ni de macroempresas energéticas. Nuestros dirigentes políticos deberían salvaguardar por un lado la defensa del territorio, de nuestro patrimonio natural y de los derechos de sus habitantes. Deberían exigir orden, una normativa, una reglamentación en su construcción que ponga fin a la especulación y a la mafia que rodea esta instalación de macroplantas en tierras de cultivo y no participar y connivir con ello cerrando los ojos y poniendo la mano.
Guadalajara se está convirtiendo poco a poco en la granja solar española. Hay muchos intereses por convertir esta zona de la meseta central tan soleada en un escenario económico energético con la implantación de energías renovables por grupos energéticos y fondos de inversión extranjeros muy fuertes. Y no piensen que la capital se libra de ello; en el mes de Junio el Ayuntamiento de Guadalajara daba luz verde a la implantación de dos proyectos de instalaciones solares en el municipio, uno de ellos compuesto por cinco plantas solares, bajo la denominación “Oliva Solar”, y sus instalaciones de evacuación, en la zona de Usanos, y otro que de la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica Obenque Solar, línea que atraviesa parte del municipio… Y todo bajo el fundamento que era “de interés general para la ciudad”.
La situación es crítica; donde se instalan placas solares la tierra queda inservible para la agricultura durante décadas. Las macroplantas eólicas, además de causar contaminación visual y ambiental, provocan la muerte de miles de aves protegidas cada año. Además las placas fotovoltaicas producen impactos ambientales en su fase de fabricación, dado que en él se utilizan materiales como el silicio, el litio, el cadmio o el germanio, en cuya obtención se emplean materiales peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Y por si esto fuera poco, el sistema más empleado para almacenar la energía producida por las renovables son las baterías de iones de litio, caro en su producción, contaminante, con poca vida útil y con dificultades para su reciclaje.
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