DCLM.ES · OPINIONES · Santiago Sánchez López
El pacto firmado entre el PSOE y ERC para establecer un concierto económico en Cataluña, que rompe con el sistema de financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común, coloca a Castilla La Mancha frente al desafío más trascendental de su historia reciente.
No rebelarse contra este pacto solo puede ser consecuencia de no comprender el extraordinario impacto que podría tener sobre nuestra región. Castilla La Mancha ya parte de una situación de infrafinanciación, resultado del actual sistema impuesto por Zapatero y su cesión a ERC en 2009. Ahora, lo pactado entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa y mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa supone un golpe directo a la igualdad entre españoles y la solidaridad interterritorial.
El Estado cumple una función de nivelación territorial esencial para las regiones con menos recursos, como la nuestra, aportando fondos a través del sistema de financiación que permiten sostener niveles similares en servicios fundamentales para los ciudadanos: sanidad, educación o servicios sociales.
El hecho de que Cataluña recaude, gestione y liquide todos los impuestos (de facto, la creación de una Hacienda catalana) implica que el Estado deje de recaudar casi 30.000 millones de euros, poniendo en riesgo las políticas sociales en el resto de España. Aunque se establezca una aportación por los servicios generales que el Estado presta en Cataluña y se defina una cuantía de solidaridad, este sistema es prácticamente idéntico al cupo vasco y navarro.
Es incomprensible que el PSOE también rompa con el principio de equidad, permitiendo diferencias arbitrarias en el reparto de recursos entre las CCAA y con el principio de suficiencia, al impedir que las regiones cubran sus necesidades de gasto esenciales.
Existen menos de 100 especialistas en financiación autonómica en nuestro país. Si algo resulta difícil es poner de acuerdo a los economistas y, sin embargo, todos coincidimos en que las grandes perjudicadas serán las CCAA infrafinanciadas: Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Para evaluar el impacto de este acuerdo en nuestra región, es crucial analizar cómo nos afectará y cuáles son las alternativas posibles para evitar que los servicios públicos esenciales se vean comprometidos.
Madrid, Cataluña y Baleares son las CCAA que más contribuyen al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que junto con el Fondo de Suficiencia proporciona los recursos del sistema de financiación, complementados con los Fondos de Convergencia Autonómica. Con los últimos datos disponibles de 2022, Madrid aportó más de 5.168 millones de euros, Cataluña 1.301 millones y Baleares 254 millones al Fondo de Garantía.
Nuestra región, a efectos de nivelación y en función de criterios como la población, superficie, dispersión, insularidad, población protegida, población mayor de 65 años, etc... recibió 1.656 millones de euros correspondientes a la liquidación del Fondo de Garantía en 2022.
La salida de Cataluña implicaría la pérdida para el Estado de todos sus ingresos tributarios, casi 30.000 millones de euros y Castilla La Mancha sufriría una pérdida de más de 238 millones en el Sistema de Financiación, un 14% menos de recursos, lo que penalizaría los servicios públicos, salvo que, para mantener la nivelación territorial, se adoptaran alguna de las siguientes medidas.
El Estado tendría que aportar más recursos al sistema, subiendo los impuestos a los ciudadanos del resto de territorios, o bien practicar un importante ajuste del gasto (algo incompatible con el gobierno más despilfarrador de la democracia) o, como última opción, incrementar la deuda pública, algo que con la recuperación de las reglas fiscales parece improbable.
En definitiva, estamos cada vez más próximos a la imposición, por la puerta de atrás y a espaldas a los ciudadanos, de nuevas subidas de impuestos, a pesar de que ya estamos pagando el tipo efectivo de IRPF más alto de la historia, para financiar un modelo confederal asimétrico donde las regiones más ricas obtendrán nuevos privilegios, mientras que los ciudadanos del resto de regiones perderemos calidad en los servicios públicos.
El trilerismo habitual del gobierno intentará confundir y enturbiar el debate, acusando nuevamente a Madrid de dumping fiscal. Sin embargo, los lectores informados deben saber que las decisiones de rebajas de impuestos de la Comunidad de Madrid activan la economía y, sobre todo, no afectan a la solidaridad de Madrid con el resto de los territorios. Los cálculos que se efectúan en modelo de financiación para determinar su aportación solidaria (la mayor de todas) se realizan antes de las subidas o bajadas de impuestos.
Lo que sí sabemos es que cuando la Generalitat tenga “las llaves de la caja” reducirá su aportación, eso si no presenciamos nuevos chantajes políticos que agraven más las brechas entre territorios.
Tampoco se puede extender el mismo modelo aplicado a Cataluña al resto de CCAA, ni pensar que los recursos actuales del Sistema de Financiación son estructurales, ya que están condicionados por una inflación que, en 2023 y según la AIReF, explica más de la mitad del incremento de la recaudación. Además, el pacto entre socialistas y republicanos requerirá modificaciones en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), de difícil aprobación en el Congreso de los Diputados.
En definitiva, estamos ante el inicio incierto de una deriva confederal asimétrica en la estructura del Estado, con consecuencias devastadoras para la cohesión social y territorial. El PSOE de Castilla-La Mancha ha fallado a sus ciudadanos al permitir la eliminación del delito de sedición, al abaratar la malversación o aprobando la amnistía y no puede fallar ahora en la defensa de los servicios públicos de nuestra región.
España necesita un nuevo modelo de financiación basado en la multilateralidad y la equidad, que garantice un fondo de nivelación de 3.000 M€ anuales para las CCAA infrafinanciadas mientras se negocia un nuevo sistema que responda a las necesidades y aspiraciones de todas las regiones y, sobre todo, de sus ciudadanos.
Santiago Sánchez López
Economista
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