DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
Otro Día Internacional de significación, cuando menos, reflexiva.
El pasado sábado 28 de septiembre se conmemoraba el Acceso Universal a la Información.
En efecto, el acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en informar a la ciudadanía sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información. Por tanto, el derecho al acceso universal a la información también está ligado al derecho a la libertad de prensa.
Los ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas, por ejemplo, cuando van a las urnas. Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones. La información es poder. Por tanto, el acceso universal a la misma es una piedra angular de sociedades del conocimiento saludables e inclusivas.
Recordemos que el 17 de noviembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Teniendo en cuenta que varias organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales en el mundo han adoptado y celebran actualmente este Día Internacional, la Asamblea General de la ONU también adoptó el 28 de septiembre de 2019 como Día Internacional para el Acceso Universal a la Información.
La conmemoración, según textos difundidos por la ONU, incide en que “la inteligencia artificial y la gobernanza electrónica pueden desempeñar un papel fundamental para mejorar el acceso a la información en nuestro mundo digital. Pueden ayudar a reducir la brecha digital, dando a los ciudadanos acceso a información de manera accesible y garantizar servicios públicos más eficaces. Los ciudadanos pueden acceder a la información y los servicios del sector público de forma casi instantánea. La digitalización de los servicios supone una mejora, además, para la transparencia y la accesibilidad”.
Sin embargo, estos avances también plantean cuestiones sobre los derechos fundamentales y el uso ético de la inteligencia artificial y la gobernanza electrónica por parte de las instituciones públicas. Dado que la inteligencia artificial utiliza datos de los ciudadanos, ¿cómo protegemos la privacidad de los mismos? Si puede determinar a qué información accedemos, ¿en qué principios éticos se basa?
Se esperan respuestas a estas cuestiones en la conferencia mundial sobre el acceso universal a la información que, organizada por el gobierno de Ghana y la UNESCO los días 1 y 2 de octubre de 2024, se desarrollará con el objetivo de "Incorporar el acceso a la información y la participación en el sector público". La convocatoria está concebida para ofrecer a los gobiernos y a la sociedad civil una lista de las mejores prácticas para incorporar el derecho a la información en los sistemas organizativos y la cultura de las diferentes instituciones públicas.
Entonces, haciendo hincapié en las experiencias africanas, la conferencia pondrá de relieve los beneficios del acceso a la información para fomentar sociedades pacíficas e inclusivas que propicien el desarrollo sostenible.
Salvador García Llanos
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