DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
No dio mucho de sí ni se registraron sustanciales avances en la reunión de días pasados entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Fernando Clavijo, su homólogo de la Comunidad Autónoma de Canarias. El problema sigue latente y se ha complicado. Hasta un pequeño incendio parece haberse declarado en las entretelas del nacionalismo insularista. Los dimes y diretes están en modo bucle. Los grandes perjudicados, los menores que arriban solos, los que no tienen culpa, siguen ahí, abandonados ya no se sabe a qué suerte. Cuando ya el no saber qué hacer alcanza su fase de impotencia, una asociación profesional, Juristas por el Sahara, aparecía entre las dunas y arenas interminables, y lanzaba algo más que una proclama: "Estos niños y niñas, que no provienen de Marruecos, tienen derecho a ser atendidos en Canarias de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos", decían en un comunicado.
La agencia de noticias Europa Press informaba de que este colectivo ha resaltado que la postura asumida por el presidente Clavijo en una conferencia de prensa junto al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita, contraviene el derecho internacional y las múltiples resoluciones de Naciones Unidas y constituye una "grave negación" del derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación.
En esa línea detalla que el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro está reconocido por la Carta de Naciones Unidas y la histórica Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la base del Derecho de Descolonización.
Además, ese derecho ha sido nuevamente reforzado por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deja clara la distinción entre el territorio saharaui y Marruecos.
Asimismo, exige que cualquier acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, incluyendo los relacionados con los recursos naturales del Sáhara Occidental, cuente con el consentimiento del pueblo saharaui, expresado por su legítimo representante el Frente Polisario (FP).
Tal y como dice la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, ningún territorio ocupado militarmente podrá ser reconocido como parte de la potencia ocupante, avisa.
La asociación detalla, según Europa Press, que Clavijo "ha ignorado tanto este marco legal como la histórica relación de solidaridad y convivencia que ha unido al pueblo canario con el saharaui", con una posición que no solo es contraria al derecho internacional sino que también "coloca a Canarias en una situación de riesgo, dado el contexto del conflicto bélico entre Marruecos y el Sáhara Occidental".
"La estabilidad y seguridad de Canarias dependen de la paz y cooperación con sus vecinos, entre los que se encuentra el pueblo saharaui", comentan los Juristas por el Sahara.
La asociación culmina su comunicado remarcando que "el apoyo al pueblo saharaui ha sido una constante en la política española a lo largo de su historia democrática y el cambio en la postura de algunos dirigentes no refleja el sentir mayoritario del arco parlamentario ni de la sociedad civil española, que sigue firme en su defensa de los derechos humanos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación".
Por si fuéramos pocos… Y los menores, ahí. A la espera de la solidaridad que no llega. Se agotó cuando Venezuela hizo del fenómeno migratorio de los años cincuenta del pasado siglo eso que luego un periódico llamó ‘la octava isla’. O tempora, o mores...
Salvador García Llanos
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