DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
Canarias y Andalucía, según informa la agencia de noticias Europa Press, fueron las comunidades autónomas que presentaron mayor tasa de economía sumergida en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) con un 17,9 %, de acuerdo con lo concluido en el informe elaborado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia (UMU), por encargo del Consejo Económico y Social (CES) y la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia.
Les siguen Extremadura (17,8 %) y Murcia (17,4 %) y en el extremo contrario, las tasas más bajas las anotan la Comunidad de Madrid (13,8 %); País Vasco (13,9 %), Cataluña (14,4 %) y Navarra (14,6 %).
El concepto ‘economía sumergida’ se define, según CEOE Tenerife, como el conjunto de actividades de producción de bienes y prestación de servicios para el mercado que eluden normas, tanto fiscales como de cualquier otro tipo con contenido económico, entre las que se encuentran las regulaciones laborales, pero también otras, como las referidas al medio ambiente, las normas técnicas o las de seguridad, Discurre, por tanto, al margen de los registros, estadísticas y controles oficiales.
La principal justificación para operar en la economía sumergida, para la ocultación de la actividad a las autoridades económicas, es la de evadir el pago de impuestos, de cotizaciones sociales y quedar al margen del cumplimiento de la regulación de la actividad económica, siendo la principal motivación, el beneficio que se espera obtener con esta práctica.
A escala nacional la ratio de economía sumergida sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en España se sitúa en el 15,8 % en el año 2022, inferior al 17,7 % registrado en la Unión Europea.
Esta ratio del 15,8 % suponen para España 212.900 millones de euros, mientras que el 17,7 % de la UE implica que 2,85 billones de euros quedan al margen de las normativas fiscales y laborales.
Esta cantidad anual de la UE equivale al doble del PIB español, es decir, duplica las rentas generadas por todos los factores productivos en el territorio nacional. "Son dos veces el PIB de la cuarta economía de la Unión", se explica en el estudio.
En cualquier caso, España siempre se ha situado por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a economía sumergida, con una ratio que ha caído del 21,9 % en 2004 --primer dato disponible-- al 15,8 % en 2022, unos seis puntos porcentuales menos, acercándose más a Francia (14,2 %) que a Italia (20,3 %).
Desde el primer dato recogido en 2004 (21,9 %), la economía sumergida en España no ha dejado de descender, excepto en 2020 que se elevó al 17,4 % en un año marcado por la pandemia, desde el 16,6 % registrado en 2018.
Destaca la agencia citada que el estudio constata que la agricultura es, con diferencia, la opción más elegida dentro de las actividades económicas que sufren economía sumergida. En un distante segundo escalón se encuentran los servicios domésticos y la hostelería. Por su parte, las ramas industriales, el transporte y el comercio son los sectores con inferior tasa de irregularidad.
Asimismo, la investigación revela que, entre las irregularidades más comunes, destacan las fiscales, la no compensación de las horas extras, el cobro parcial del salario fuera de nómina o la mayor carga horaria de la legal o pactada.
Las fuentes consultadas de la CEOE señalan que la economía sumergida es una actividad que afecta negativamente al desarrollo regularizado de la actividad empresarial, produce competencia desleal a otras empresas de su mismo ámbito y sector, lesiona el Estado de bienestar, defrauda a la hacienda pública, coloca a los trabajadores que ocupa en situación de ilegalidad y de desprotección social y distorsiona el mercado de trabajo.
Consideran que, a pesar de las múltiples actuaciones que se vienen desarrollando por los distintos actores, aún estamos lejos de haber logrado reducir significativamente la economía sumergida en Canarias. Se hace necesario, por consiguiente, continuar desarrollando distintas actuaciones alternativas, mediante el diseño de nuevos métodos de prevención y control.
Salvador García Llanos
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