UGT pide atajar la precariedad de los temporeros

UGT FICA Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por el brote de COVID-19 detectado el pasado viernes en Albacete en el asentamiento de temporeros de la carretera de las Peñas y por las protestas que tuvieron lugar este domingo como consecuencia de la cuarentena decretada para los trabajadores, al tiempo que ha pedido atajar la precariedad de los temporeros y revisar las medidas de salud laboral de las campañas agrícolas.

En nota de prensa, el sindicato lamenta que los asentamientos de personas temporeras son ampliamente conocidos por empresas y administraciones y que la situación actual de contagio por COVID-19 y de protestas "es consecuencia directa de la explotación laboral obviada durante años".

El sindicato urge a la subdelegación del Gobierno y a la Junta a buscar una solución a largo plazo a las condiciones habitacionales de los temporeros agrarios y a cerrar de manera definitiva los asentamientos como el de la carretera de las Peñas que se extienden en otras zonas de la región.

Sin obviar que ese problema habitacional deriva del "fraude en la contratación en las campañas agrarias", que no solo vulnera los derechos de los trabajadores si no que supone además "una competencia desleal" para las empresas que sí cumplen.

UGT apela a la responsabilidad de las empresas agrícolas sobre las condiciones habitacionales de los temporeros y propone regularlas en el próximo Convenio del Campo de Albacete, que debe negociarse antes de que termine 2020, y en el resto de convenios provinciales.

Además, el sindicato recuerda que en lo referente a la salud y seguridad laboral las empresas son, por ley, las responsables de garantizarla proporcionando los EPIS a sus trabajadores y garantizando que se cumple la distancia de seguridad y el resto de medidas para evitar el contagio de COVID-19, por lo que cualquier incumplimiento en esta materia debe recibir la sanción correspondiente.

UGT pide que la Inspección de Trabajo intensifique sus actuaciones en las campañas agrarias e incide en que en la actual situación de pandemia un rebrote de COVID-19 en el ámbito laboral va más allá de ser un asunto de salud laboral del centro de trabajo y supone un problema de salud pública de todo el entorno que tiene contacto con los trabajadores contagiados.

"Consideramos que la administración sanitaria tiene que redoblar esfuerzos y la Inspección tiene que poder intervenir de oficio para que se tomen las medidas sanitarias necesarias", afirma, para rechazar, por otra parte, cualquier manifestación violenta que pudiera haberse producido en las protestas del pasado domingo aunque pide no criminalizar a estas personas y evitar los discursos xenófobos.

"Se debe dar con urgencia una solución a largo plazo y terminar con los asentamientos de este tipo que además de ser indignos pueden derivar en problemas de convivencia con los vecinos y negocios de la zona", concluye.